La función de los guardarraíles es absorber parte del impacto de un accidente de circulación. De los coches, claro. Y también evitar que por una salida de vía el vehículo acabe dentro de un campo de cultivo o en un barranco. Pero la factura en el cuerpo de un motorista es demasiado elevada, con graves amputaciones o directamente la muerte. El Tribunal Supremo acaba de poner su granito de arena para acabar con este desequilibrio y ha condenado a la Generalitat de Cataluña a indemnizar a un motorista que impactó contra una de estas biondas y se quedó parapléjico.

Juan Miguel Pizarro Blanco sufrió heridas irreversibles al golpear con una de las barras que sostienen la valla de supuesta protección en la carretera GI-682 en Tossa de Mar (Girona). Era abril del 2000. El proceso judicial ha sido largo y lleno de sinsabores, admitía ayer la familia de la víctima, pero al final han conseguido un reconocimiento en forma de sentencia que para el colectivo motero es mucho más que una buena noticia. Es la confirmación de que las protestas contra estos guardarraíles de las carreteras no han caído en saco roto.

CREA JURISPRUDENCIA // El abogado de Pizarro, Sebastián Martínez, se alegra especialmente de la sentencia porque, asegura, crea jurisprudencia. Es la segunda resolución de este tribunal que falla a favor de un motorista. La primera, que se conoció en enero del año pasado, condenaba al Ministerio de Fomento por otro siniestro ocurrido en la N-340 en septiembre de 1999. Esa sentencia de la sección sexta del Supremo concluyó que hay un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público --al no sustituir estas vallas-- y el daño causado. Entonces el desembolso fue de 120.000 euros porque la víctima perdió parte de la pierna al cortarse con el margen del conocido popularmente como quitamiedos.

La Generalitat catalana tendrá que pagar más porque las consecuencias de la lesión fueron peores, aunque la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo no concede toda la cuantía que pedía el letrado de la víctima, que ascendía a 638.000 euros. La sentencia fija en 319.000 euros el importe que deberá desembolsar la Dirección General de Carreteras, aunque quien lo asumirá será la aseguradora.

Una circular de Fomento de 1995 recomendaba la sustitución de estos guardarraíles en caso de reposición, actualización o conservación de la vía, mientras que en el 2001 entró en vigor una normativa que prohíbe instalar más quitamiedos de un solo raíl, que han suscitado quejas unánimes de los motoristas por el efecto cortante de sus barras.

DENUNCIAR // Pizarro, arropado ayer por los motoristas profesionales Nani Roma, Isidre Esteve, Xevi Puigdemont y Miki Arpa, destacó que esta sentencia debe animar ahora a los motoristas a denunciar a la administración cuando sufran lesiones por los antiguos guardarraíles. H