El Senado francés dio instrucciones, en marzo del 2010, al Gobierno de ese país para que ponga en marcha los mecanismos que conduzcan “al reconocimiento de un derecho al olvido, que permita a una persona retirar de la red informaciones públicas que la conciernan”. Evidentemente, ese derecho al olvido digital lo podrán ejercer no solamente los herederos de una persona ya fallecida, sino cualquier ciudadano en vida.
La idea ha gustado en la Comisión Europea. Su vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding, anunció la primavera pasada que va a presentar una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan exigir a las redes sociales que eliminen su información. “Las personas deben tener el derecho, y no solo la posibilidad, de retirar su consentimiento al procesamiento de datos”, dijo Reding.
