El objetivo estrella del Gobierno de Mariano Rajoy en educación de alargar la duración del bachillerato de dos a tres años no llevará la velocidad anunciada. Entre otras cosas porque conlleva la compleja y polémica eliminación del 4º curso orientador de la ESO y se necesita tiempo para llegar al “máximo consenso”. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió ayer que la reforma es más enrevesada de lo previsto y anunció la apertura de un período de “reflexión compartida” con los agentes implicados y una “evaluación de los costes”. No obstante, confió en tener lista la normativa antes de fin de año para que pudiera empezar a aplicarse en el curso 2013-2014.

“Trataremos de hacer compatible la determinación de llevar a cabo la reforma con la paciencia”, abundó el titular de educación tras su primera conferencia sectorial, casi monocolor, con 11 comunidades del PP.

Mientras, la eliminación de un 4º de un ESO orientador aprobado por el anterior Gobierno, que tendría que entrar en vigor en septiembre, deja en suspenso los supuestos beneficios que tenía que reportar de inmediato. La reforma proponía tres itinerarios: uno con asignaturas enfocadas al bachillerato de letras, otro al de ciencias y un tercero hacia la FP. El Gobierno quiere ir un paso más allá con el objetivo de reducir el fracaso y el abandono escolar separando un año antes a los alumnos que opten por la FP. Padres y sindicatos ya se han manifestado en contra.

Al mantener la escolarización obligatoria hasta los 16 años, los alumnos de 15 que no hayan repetido deberán decidir si van al bachillerato o a la FP y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso, aunque quieran dejar los estudios a los 16. Por otra parte, si el primer curso de bachillerato pasa a formar parte de la escolarización obligatoria habría que subvencionarlo, y al subvencionar 1º se abre la puerta a concertar todo el ciclo. O que alumnos sin recursos deban recalar en los centros públicos o abandonar sus estudios. Según algunos consejeros, “creará unos desajustes brutales”.

Wert anunció que las circunstancias económicas llevarán a su departamento a revisar los programas de cooperación con las comunidades autónomas como el de digitalización educativa Escuela 2.0. Los responsables de las autonomías estiman que la revisión pondrá en peligro la supervivencia del programa de ordenadores en las aulas, ya que la aportación del Gobierno es clave.

También se verán afectadas las convocatorias de oposiciones docentes. La mayoría de las comunidades ni siquiera cubrirán el 10% de las jubilaciones autorizado por el Gobierno. H