Las investigaciones por el robo de bebés para la adopción ilegal están encontrando por el camino dificultades no solo de carácter jurídico, como la presunta prescripción del delito, sino también de carácter material. Un juzgado de Barcelona, por ejemplo, ha archivado un proceso penal al no poder comprobar si el cuerpo de un menor está o no enterrado en una fosa común, dada la imposibilidad de buscar restos concretos en una sepultura de estas características. Este es uno de los obstáculos más novedosos, pero hay otros, como la avanzada edad de alguno de los posibles imputados (algunos incluso han muerto) o la dificultad para encontrar los documentos que les incriminen.

Desde el aspecto puramente legal, el debate jurídico se centra en la prescripción o no de los delitos y si se puede aplicar el de detención ilegal, que comporta una importante pena. Precisamente el mes pasado se reabrió uno de los procesos por un supuesto caso de bebé robado de 1969 porque podría ser constitutivo no solo de un delito de alteración de la paternidad, sino también de detención ilegal, y, por tanto, no se puede aplicar la prescripción del delito, tal y como había dictado un juzgado. Sin embargo, se han dictado otras resoluciones sobre el delito de detención ilegal que ponen en duda esa tesis. Según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares se han archivado el 30% de las demandas presentadas en España (ahora ya son casi 2.000). H