Concursos, subvenciones, adjudicaciones, contratos y todos los detalles de su organización interna. Son informaciones reclamadas por entidades o ciudadanos que las administraciones escamotean a menudo y que ahora deberán ofrecer de oficio según la nueva ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto prevé aprobar el Ejecutivo mañana poniendo fin a ocho años de promesas incumplidas por los dos anteriores gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero. El PP se comprometió durante la pasada campaña a aprobarla antes de sus primeros cien días, que se cumplen el sábado de la próxima semana.

Las medidas previstas en la norma, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, afectarán a las comunidades y ayuntamientos pero según el actual borrador, estos tendrán autonomía para decidir cómo las llevan a término. “Todas las administraciones tendrán que ser transparentes y cada una determinará las fórmulas para serlo”, indicaron fuentes del Ejecutivo. En el paquete sujeto a las normas de transparencia se incluirán los demás poderes del Estado, el legislativo y el judicial.

La Administración Central lo hará a través de internet con la creación de un portal de la Transparencia a través del cual cualquier ciudadano tendrá derecho a reclamar el acceso al resto de información en poder las administraciones que no afecte a la seguridad del Estado o a la protección de datos. Se podrían incluir aquí, por ejemplo, los gastos de representación, protocolo o dietas de alcaldes, ministros o consejeros. Los polémicos gastos en aviones o helicópteros para actos oficiales estarán, por ejemplo, expuestos al escrutinio de cualquiera.

Una de las cuestiones clave para que el nuevo sistema sea efectivo es la existencia de un plazo para responder para evitar la demora infinita. El Gobierno estudia fijar el límite en 30 días. Más que suficiente para que un aluvión de demandas no colapse los servicios en un momento de austeridad y reducción de efectivos. Quienes incumplan estas obligaciones se arriesgarán a ser sancionados.

Tras sus primeras semanas de Gobierno, el PP añadió a su promesa electoral de la ley de Transparencia un apartado de Buen Gobierno en el que figurarán también duras sanciones que podrán incluir cárcel para quienes despilfarren, oculten facturas en los cajones o gasten por encima de lo establecido en los presupuestos, aunque no será esta norma la que fije las condenas sino la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia.

A nadie se le puede escapar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere contrarrestar la cascada de medidas impopulares y de austeridad con una norma ampliamente demandada por la ciudadanía que puede ser un antídoto contra la corrupción.

GOLPE DE EFECTO // En esta línea, el Ejecutivo ha preparado un primer golpe de efecto para el próximo lunes. A partir del 26 de marzo y durante diez días se podrán realizar aportaciones al borrador de la ley de transparencia. Todas las páginas web oficiales de la Administración Central habilitarán un banner con un formulario para las propuestas. “Se trata de dar un paso más abriendo la puerta a la participación de todos”, indicaron fuentes del Ejecutivo. Habrá que esperar a conocer con detalle el articulado la nueva ley para comprobar si responde a las expectativas creadas. H