El Gobierno del PP prevé ratificar mañana, en forma de real decreto ley, el texto aprobado el 24 de abril que exige estar asegurado en un medio laboral, y cotizar en el régimen de la Seguridad Social, para acceder a la tarjeta sanitaria individual. La fórmula jurídica escogida --un real decreto ley- impide al Ministerio de Sanidad introducir enmiendas al texto, por lo que su titular, Ana Mato, incumplirá su compromiso de modificar el contenido para dejar constancia, según garantizaron fuentes de Sanidad, de que el decreto no significa el fin del acceso universal a la asistencia sanitaria pública en España.
El texto legal especifica las condiciones que se deberán cumplir para acceder a la tarjeta sanitaria, y esas vías siempre vinculan el derecho a la asistencia al hecho de estar trabajando, con alta en la Seguridad Social, o bien ser “beneficiario” de un empleado asegurado: las esposas sin trabajo o los hijos menores dejan de ser sujetos con derecho individual a la asistencia.
También tendrá tarjeta quien demuestre que no dispone de unos mínimos recursos económicos. Cada una de esas circunstancias exigirá renovar la tarjeta, algo que, a juicio de los expertos, multiplicará la burocracia y propiciará los lapsos de tramitación en que los afectados estarán sin protección médica. H
