El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer lunes que el Gobierno central tiene “bastante claro” que van a reducir la velocidad en las carreteras convencionales de 100 kilómetros por hora a 90, porque son las que registran más siniestralidad. “Hay un consenso social de que el diferencial entre las autopistas y autovías y las carreteras convencionales de 20 kilómetros por hora no es razonable”, reflexionó Fernández, para quien hay tres opciones de cambiarlo: subiendo la velocidad de autopistas y autovías, bajando la de las carreteras secundarias o un sistema mixto.

Fernández Díaz hizo estas afirmaciones en Barcelona, donde también se refirió a la posibilidad de incrementar de los 120 a 130 la velocidad en las autopista. No obstante, en este caso la decisión no estaría tan madura.

Actualmente, los turismos tienen limitado a 120 Km/h la velocidad en autovías y autopistas, mientras que el límite en carreteras secundarias es de 100, para aquellas vías que tengan un arcén pavimentado de 1,5 metros o más de anchura o más de un carril para alguno de los sentidos de circulación, y de 90 kilómetros por hora para el resto.

Todos estos cambios ya se plantearon en la recta final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el entonces responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, quien en agosto del año pasado generó la reacción de todo el sector de la movilidad al asegurar que pensaban realizar esta modificación. Navarro dijo entonces que su idea era rebajar la velocidad a 90 en todas aquellas vías que tuvieran un carril por sentido, independientemente de la anchura del arcén.

OPOSICIÓN // Tanto las asociaciones de automovilistas (RACC y RACE) se quejaron entonces de que se hiciera ese anuncio sin haberlo consensuado previamente con las partes implicadas. Ayer, en cambio, las declaraciones del ministro del Interior despertaron el aplauso de las víctimas. El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Trafico, Francisco Canes, tildó de “valiente” la decisión y aseguró que se trata de una determinación “que no puede demorarse más”. Canes sostuvo que el siguiente paso es que las administraciones doten a las vías de las medidas de seguridad oportunas. H