El 72% de las que la han sufrido alguna vez violencia de género declaran haber salido de ella. El Ministerio de Sanidad se apoya en este dato de una macroencuesta la campaña que bajo el lema "Hay salida" ha presentado su titular, Ana Mato, con el objetivo de dar un mensaje de esperanza a las mujeres víctimas de la violencia y "romper el silencio cómplice" que la rodea. En la campaña, lanzada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, que se celebra el día 25, han particiapado un elenco de famosos de la cultura, el deporte, la empresa y la publicidad.

"Cada vez hay más mujeres que dejan este horror atrás", ha insistido Mato en la presentación de la campaña, que va especialmente dirigida a las mujeres menores , las mayores de 65 años, con discapacidad, inmigrantes y del ámbito rural. La ministra ha recordado como ejes fundamentales de su departamento contra el maltrato a la mujer son la ruptura del silencio cómplice, la mejora del conocimiento del problema, la red contra la violencia de género, la asistencia personalizada a las mujeres y a sus hijos y la visibilización de otras formas de violencia como la trata de personas con fines de explotación

Denuncias de amnistía internacional

El relativo optimismo institucional contrasta con un informe de Amnistía Internacional (AI) que denuncia las dificultades que las víctimas de violencia de género encuentran 7 años después de la puesta en marcha de la ley integral. La responsable de política interior en España, Virginia Álvarez, avisó de la "preocupante situación" y el "fuerte impacto" que traerá consigo la implantación de la ley de tasas judiciales. "Afectarán a los divorcios y en general a todos los procesos civiles, esta norma supondrá una nueva traba" para las víctimas", subrayó Álvarez.

Obstáculos

El informe de AI resalta que las mujeres siguen encontrado graves obstáculos al acceso y a la obtención de justicia y protección y destaca, con datos del Consejo General del Poder Judicial, que el número de sobreseimientos es muy elevado, 48.000 sólo en 2011, y el número de órdenes de protección se ha reducido en 10 puntos desde 2007. No obstante la onegé reconoce la importante labor que realizan los profesionales en este ámbito, desde la puesta en marcha de estos juzgados especiales.

"En lugar de justificar la inacción de las instituciones descargando en las víctimas la obligación de denunciar, las autoridades deben verificar la efectividad de esa protección, e identificar los obstáculos que impiden que las mujeres puedan obtener justicia y protección real", pidió Esteban Beltrán, director de AI España.

Entre los obstáculos, AI apunta que no todas las mujeres son adecuadamente informadas sobre sus derechos, hay un déficit en la disponibilidad y en la calidad de la asistencia letrada y falta diligencia en la investigación judicial. También asegura que sin "marcas físicas", los obstáculos se multiplican, que la contradenuncia se ha convertido en una estrategia de impunidad y que hay prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas.