Nuevo varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El órgano de Gobierno de los jueces aprobó ayer un informe que expresa “amplísimas dudas” acerca de la constitucionalidad de las dos medidas estrella del nuevo Código Penal: la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, según explicó ayer la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
El pleno concluyó que ambas penas que se han importado de otros países podrían vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en la Constitución. El nuevo Código Penal prevé aplicar la prisión permanente revisable -una de las promesas electorales del PP en respuesta a sucesos como la muerte de Marta del Castillo- a los asesinos que causen más alarma social, entre ellos los terroristas.
El problema, según el CGPJ, es que bajo la denominación de prisión permanente revisable Gallardón “oculta” una pena “a perpetuidad” que además no está correctamente definida. Esa inconcreción es lo que podría vulnerar la Carta Magna y la consecuente garantía de previsibilidad de las sanciones, según los jueces. H
