En torno a 2.400 españoles están encarcelados en el extranjero, en muchos casos en circunstancias de hacinamiento e insalubridad que distan mucho de la situación de los penales en España. Alrededor de 100 reclusos logran cada año su traslado a cárceles españolas, aunque para ello tienen que esperar entre año y medio y dos años desde que lo solicitan.
Frente a ello, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, logró su repatriación desde Cuba dos meses después de que su sentencia fuese firme (cuatro años por homicidio imprudente), paso imprescindible para solicitar el traslado. El caso Carromero está dentro de los márgenes de la ley pero, a la luz del trato que recibe el resto reclusos, su regreso a España ha sido cuanto menos supersónico.
Volver a España no es un derecho, sino un beneficio al que no todos pueden acogerse. Para ello, el país en el que se cumple condena y España tienen que haber firmado un convenio bilateral que permita a ambos esta posibilidad. Son muchos los estados con los que no existe un acuerdo, entre ellos Irán, Indonesia o Suráfrica. En estos casos, la única ayuda del Gobierno español llega a través del consulado, que realiza visitas periódicas y ofrece asistencia.
UN LARGO RECORRIDO // En cuanto a los países que sí permiten la repatriación, esto no significa que sea un camino de rosas. “No es raro que si se trata de un país con condenas muy severas se oponga al traslado porque piense que en España no se cumplirá de forma íntegra”, sostiene María José Moreno, responsable de la asesoría jurídica de Movimiento por la Paz, la oenegé especializada en la asistencia a reclusos en el exterior. Entre los estados con legislaciones más duras destaca Tailandia, donde la condena mínima por delitos de drogas es de 25 años. El de Tailandia y otros muchos gobiernos no distinguen entre tráfico y consumo. A esto se añade que “no existe un centro penitenciario del que no se reciban quejas”, según denuncia la oenegé. Aunque, en ciertos sitios, la situación es de extrema gravedad, como en Panamá, donde los reos sufren condiciones “horribles”, relata Moreno.
Volviendo al caso Carromero, desde que el dirigente del PP pisó suelo español (el 29 de diciembre) hasta que consiguió reencontrarse con su familia en casa solo transcurrieron 13 días, gracias a la concesión del régimen de semilibertad. El Gobierno accedió a la petición con el visto bueno de la cárcel de Segovia en la que fue internado. Funcionarios de este penal (del sindicato CSIF) dicen que “Carromero no recibió ningún trato de favor” . Pese a ello, admiten que el plazo fue “relativamente ágil” pero dentro de los márgenes que marca la ley. H
