La imposición del tasazo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en los tribunales está causando desconcierto en los juzgados, dado que, al disgusto de los demandantes por pagar, se añade que la ley no es lo suficientemente explícita, lo que provoca que se puedan cobrar tasas diferentes por procedimientos similares, según cómo se interprete la norma en cada juzgado concreto.

Para tratar de paliar este problema, secretarios judiciales -los funcionarios que recaudan el nuevo impuesto- y magistrados se han visto forzados a mantener reuniones para aunar criterios al menos en los juzgados de cada localidad. Sin embargo, estos acuerdos no aseguran la uniformidad en toda España, de ahí que los trabajadores de la administración de justicia exijan al Gobierno que dé unas pautas claras o emita una orden que resuelva los puntos oscuros de la norma.

Las diferencias de tarifas en pleitos similares puede superar los 6.000 euros, según los ejemplos que ha facilitado el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej). “Divorciarse en una ciudad u otra puede tener un precio distinto”, denuncia su portavoz, Rafael Lafuente. El problema radica en que las tasas tienen una cuantía fija, a la que hay que sumar un importe variable que depende del dinero que se dirima en el procedimiento, y que es lo que está acarreando la mayoría de los problemas. Es decir, a la tasa fija hay que añadir un 0,5% de la cuantía procesal hasta un millón de euros y un 0,25% extra para cada euro que rebase esa cantidad.

CASOS REALES // “Pero, ¿cómo se cuantifica un divorcio?”, se pregunta Lafuente. Pues en algunos juzgados se establece que es un procedimiento de cuantía indeterminada y, por tanto, se abona en primera instancia una tasa de 150 euros de parte fija más 90 euros de importe variable. Total, 240 euros. Pero en otros casos se computa el valor de la casa más las pensiones que se reclamen. Si el inmueble está valorado en 300.000 euros y se exigen pensiones de 350 euros y 500 euros, el importe de la tasa puede llegar a 2.160 euros (véase el gráfico adjunto). Estas diferencias pueden darse también en los recursos de apelación y casación. En este último caso, el desembolso puede oscilar entre 2.420 y 8.180 euros, según cómo se interprete la ley.

La mayor parte de las dudas han surgido en los juzgados de familia y de violencia machista. Este diario ha tenido acceso a nueve acuerdos de tribunales de localidades diferentes, lo que da cuenta de que no se trata de un problema aislado.

Los problemas no son exclusivos de los juzgados de familia. En el orden social, ante una reclamación, por ejemplo, de incapacidad permanente, se pueden dar hasta seis interpretaciones distintas, con tasas que oscilan de 236 a 1.010 euros, según el Sisej.

El Ministerio de Justicia asegura que no le constan estas dudas. Un portavoz del departamento que dirige Ruiz-Gallardón informó que los Tribunales Superiores de Justicia no han dado cuenta al Ministerio de esas disfunciones. Asimismo afirmó que no han llegado “consultas oficiales”, más allá de preguntas puntuales a las que se ha dado respuesta. H