La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía cuenta desde este miércoles con escolta policial para evitar que se repitan incidentes como los de la pasada semana, cuando un grupo de sindicalistas se concentró ante los juzgados para protestar por la detención de varios compañeros y abuchearon e insultaron a Mercedes Alaya con gritos de "hortera", "fea" y "pepera".

Ha sido la propia Audiencia de Sevilla, a través del Decanato, la que ha solicitado el dispositivo de seguridad, conformado por tres agentes que esta misma mañana ya acompañaban a la juez a su entrada y salida de los juzgados. "Se trata de lo correcto", confirmaron desde el Decanato, ante la exposición mediática a la que está sometida Alaya. No obstante, no precisaron si se trata de una decisión permanente o algo puntual debido a que hoy mismo la juez tomaba declaración a otro exsindicalista implicado en la trama de corrupción de los ERE. El pasado lunes, la junta de jueces ya emitió un duro comunicado respaldando la actuación de la juez y arremetiendo contra el uso "partidista" de las investigaciones, así como contra quienes pedían celeridad a la justicia pero no ofrecen más medios.

La implantación del dispositivo policial se produce el mismo día en que Alaya tomaba declaración al exsecretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO Andalucía Juan Antonio Florido, a quien la Guardia Civil señala como el "facilitador" que aportaba a una de las consultoras implicadas información sobre empresas del sector que estuvieran en situación de crisis o de reestructuración. Así, Florido, a quien la juez imputa delitos de malversación y tráfico de influencias, les ofrecía a esas empresas "un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

La jueza también tomó declaración a las esposas de dos sindicalistas de UGT en Jaén que aparecían como intrusas en un ERE, y que aseguraron que pensaban que el dinero recibido era parte de la indemnización recibida por sus maridos por sus despidos. Una de ellas ya ha devuelto a la Agencia Tributaria los 112.000 euros recibidos.