El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha accedido a revisar el calendario de implantación de la polémica ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), después de que los consejeros de Educación de Catalunya, el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, las cinco comunidades autónomas contrarias a la reforma, mostrararan su oposición.
"Se podría plantear un escalonamiento" de la implantación de la reforma", ha afirmado Wert, además de recordar que en el trámite parlamentario en el Senado "estamos en tiempo hábil" para conseguir algún consenso.
El socialista Mario Bedera, portavoz de Educación en el Congreso, ha considerado el anuncio de "simple gesto", que responde también a la exigencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que ven imposible que la LOMCE se pueda aplicar en solo dos años por falta de recursos económicos.
El grupo anti-LOMCE ha formalizado su desacuerdo con el ministro con una foto de familia en el Senado y anunciando, todos ellos, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) si este norma prospera en los términos actuales. Es, además, "una ley que se quiere desplegar en solo dos años, cuando con todas las anteriores, la LOE se dispuso de cinco años como mínimo". En el caso de la LOGSE fueron incluso 10.
A la precipitación de Wert porque la ley entre en vigor el próximo septiembre (en el curso 2014-2015, los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria; los de primero y tercero de ESO y los de primero de bachillerato, se verían ya afectados), se suma lo que los consejeros de CiU, PNV, Coalición Canaria y PSOE consideran una dotación presupuestaria a todas luces insuficiente. La LOMCE, han denunciado, invade sus competencias, supone una involución y carece del consenso de la comunidad educativa.
