Algunos fines de semana, como el del 28 de febrero del 2003, solo en Muxía había 1.657 voluntarios venidos con sus ahorros de toda España para limpiar con sus manos el chapapote que teñía de impotencia y dolor las costas gallegas. Que 11 años después del mayor desastre ecológico en España un tribunal sentencie que aquello no fue culpa de nadie ha vuelto a teñir de negro, pero esta vez los corazones de los gallegos.

“Manda carallo”. A Juan Carlos Papín, alias el Vasco, le sale del alma una expresión que no necesita traducción. A sus 47 años, recoge los aparejos para el jurel del barco en el que se enroló el año pasado tras tener que vender su embarcación por la crisis. El hombre forma parte de ese 90% de la población de Fisterra que vive exclusivamente del mar. “Algo no debió de entender bien usted del juez hablando en gallego. ¿Está segura? No puede ser que nadie sea culpable de aquel desastre. ¿En qué país vivimos?”.

Le responde Ignacio Castro desde Muxía, donde trabaja de gerente de la cofradía de pescadores. “Nunca tuve dudas, pero hoy más que nunca puedo jurar que en este país hay menos dignidad y justicia que en cualquiera de África. No somos Europa. Somos un país de pandereta. Una vergüenza”.

Eduardo Esteban Martínez, de 63 años, pertenece al grupo de los que no llegaron a ningún acuerdo en la indemnización y fueron a juicio. “Si nadie fue responsable, ¿quién me paga ahora?”. Telefonea a su abogado. Apagado. El patrón mayor de Fisterra, José Manuel Martínez, ha escuchado la sentencia en su móvil. Llevaba un mes al frente de la cofradía cuando se rompió el Prestige. “Suerte tenemos de este mar generoso. Le quisieron matar y sobrevivió. Alguien tuvo que tener la culpa de todo aquello”. H