La Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a los médicos colegiados de toda España, se manifestó ayer en contra de que la restrictiva reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno del Partido Popular penalice la interrupción del embarazo en caso de malformación grave o enfermedad incompatible con la vida del feto. Y propone también que solo sea necesario el dictamen de un médico, y no de dos como suscribe el anteproyecto de ley, para probar que existe riesgo para la salud de la mujer.

El texto institucional de la OMC fue aprobado en asamblea y ahora será remitido al Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha solicitado dictámenes similares a otras 28 asociaciones del ámbito médico y social antes de la aprobación definitiva de la ley para “analizar las sugerencias y buscar una ley que alcance un grado de consenso suficiente”, como asegura la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Asociaciones de psiquiatras, ginecólogos, médicos de familia y especialistas en diagnóstico prenatal ya se han pronunciado con dureza ante la posibilidad de que se cambie la actual ley aprobada por el anterior gobierno socialista.

Para defender la interrupción del embarazo en caso de malformación, la Organización Médica Colegial argumenta que ello está “en equilibrio con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el 2008”.

El texto señala que la mujer que decide abortar “no ha de ser considerada ni definida de antemano como enferma mental”, y considera que la responsabilidad de certificar por parte de dos psiquiatras que hay un grave peligro para su salud psíquica para interrumpir el embarazo debería quedar “en manos del criterio de cada profesional”.

inequidad europea // Además, la OMC manifiesta ser consciente de la “inequidad” que impulsa la ley si se tiene en cuenta la trasposición de la directiva europea de asistencia, es decir, asume que aquellas mujeres que se lo puedan costear podrán ir a abortar sin problemas a otro país de la UE menos restrictivo. El escrito de la Organización Médica Colegial, no obstante, no incluye ninguna mención a la desaparición de la ley de plazos. Finalmente, los médicos piden que al menos el padre o la madre de las menores de 16 años sean informados de la decisión de su hija de interrumpir su embarazo y que solo se obvie esta información “cuando alegue fundadamente (certificado por los servicios sociales) que provocará un conflicto (violencia familiar, amenazas o desamparo)”. H