Pese a que el Gobierno se supone que analiza con más detenimiento los indultos que concede tras la fuerte contestación que generó el año pasado la condonación de la pena de un kamikaze (en cuyo bufete defensor trabaja el hijo del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón), el Ejecutivo ha vuelto a levantar una gran polvareda al aplicar una medida de gracia. El pasado 30 de mayo accedió a indultar a un guardia civil que jaleó, se mofó e incluso grabó con su móvil el abuso sexual al que un amigo suyo sometió a una desconocida en un tren.

Justicia alegó ayer que entre las motivaciones que han llevado al Gobierno a conceder el indulto se encuentra que tanto el tribunal sentenciador como la fiscalía no se opusieron a la medida de gracia. Fuentes del ministerio incidieron en que el agente no presenció una agresión sexual, sino un abuso sexual, ante el cual el principal acusado ni si quiera fue condenado a cárcel.

Las explicaciones de los portavoces de Justicia no satisfacen a la oposición, que ayer cargó contra el Gobierno por conceder un indulto que calificó de “escandaloso”. La mayor parte de los partidos de la oposición pretenden que la figura del indulto se acote, regule y dé publicidad para acabar con la “arbitrariedad” de la que goza en la actualidad. H