Si la legislación actual es insuficiente para atajar los abusos de los prestamistas sin escrúpulos, su aplicación es aún más deficiente. Desde que en el año 2011 se creó el registro oficial de las empresas no financieras que ofrecen créditos hipotecarios, los que ponen en riesgo la vivienda del deudor, el Gobierno incumple su obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático que les permita comprobar el grado de fiabilidad del prestamista.

“El registro estatal (será) accesible a través de la página web del Instituto Nacional de Consumo”. Así lo establecía el 28 de enero del 2011 el decreto de creación de este organismo en el punto 2 del artículo 3. Más de cuatro años después no hay ni rastro del registro en la página de Sanidad, el ministerio del que dependen los asuntos de consumo. Después de explorar la web se llega a un callejón sin salida donde se encuentra un enlace, precisamente, al decreto que se está incumpliendo.

Consultada al respecto, la Agencia Española de Consumo (Aecosan), heredera del instituto, respondió lo siguiente: “El acceso por medios electrónicos se está desarrollando. Una vez esté habilitado, los datos del mismo estarán a disposición”. No fue posible hablar con ningún responsable ni sobre esta cuestión concreta, ni de las denuncias de los abusos cometidos por prestamistas.

El Gobierno que se vanagloria de haber aprobado la primera ley de transparencia no da ninguna explicación del porqué del enorme retraso en facilitar un acceso clave para que no se caiga en manos de los modernos usureros.

En el registro deben figurar no solo los datos básicos de la empresa, sino que se deben inscribir las anomalías detectadas, así como “los folletos, tarifas y precios repercutibles”. En estas circunstancias de opacidad, no es posible conocer si el registro cumple con su función de “comprobar la legalidad y dar cuenta de cualquier anomalía” en las empresas inscritas. Los expertos lo dudan. Hay registrados 600 prestamistas y el inscrito con el número 1 es Antonio Arroyo Arroyo, incurso en varias causas judiciales por estafa y detenido en tres ocasiones.

El de las comunidades es otro capítulo de incumplimientos. Solo Murcia ha creado el registro autonómico previsto en la ley del 2009. La capacidad de inspeccionar, atender y sancionar es también de las autonomías. ¿Y cómo la ejercen? Apenas lo hacen, con alguna honrosa excepción. H