El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la prohibición de las corridas de toros que acordó el Parlament en el 2010, al considerar que invadió competencias estatales, decisión que el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona intentarán esquivar para que no se celebren.

El TC resuelve, por ocho votos a favor y tres en contra, que el ejecutivo catalán fue más allá de sus atribuciones en materia de espectáculos y de protección de animales y decreta que puede regular los espectáculos públicos, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.

La ponente de la sentencia es la magistrada Encarnación Roca, propuesta por CiU para el TC con acuerdo del PP y del PSOE.

El PP recurrió un apartado de la ley catalana de Protección de los Animales que prohibía las «peleas de animales y otras actividades». La ley catalana, que surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), también prohibía «las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros». Quedaban excluidas de esa prohibición las fiestas de toros sin daño al animal.

«NO VOLVERÁN» // La reacción del gobierno catalán la hizo pública el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que aseguró que los toros «no volverán» a Cataluña «diga lo que diga» el TC, por lo que el Govern desplegará «todos los mecanismos operativos y normativos» a tal fin tras analizar «a fondo» la sentencia.

El conseller argumentó que lo que «prevalece» es la voluntad de los catalanes expresada en el Parlament, lo que es «inalterable», así como que la prohibición partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lo que otorga en su opinión un «valor añadido». Rull esgrimió que el fondo de la cuestión es si «es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal». «Cataluña dijo no y seguirá diciendo no», recalcó.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por todos los grupos municipales, excepto C’s y PP, reiteró el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y reafirmó que Barcelona seguirá siendo la primera ciudad antitaurina de España. «Haremos todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia», aseguró Colau, que explicó que los servicios jurídicos estudian la cuestión y que la normativa municipal que impide infringir sufrimiento a los animales está vigente.

En el lado contrario, el presidente de las entidades taurinas de Cataluña, Paco March, considera la sentencia como «una victoria moral» para el toreo y que abre «un nuevo escenario de esperanza en Cataluña». March ha pedido al propietario de la Monumental de Barcelona, Pedro Balañá, que «tenga el valor de volver a abrirla al toreo», aunque la empresa propietaria de la única plaza de toros que queda en la capital catalana ha declinado pronunciarse sobre el fallo del TC.

Apoderados, ganaderos y toreros han acogido con «satisfacción» la decisión del Constitucional. Así, el torero catalán Serafín Marín se ha congratulado de «dejar de ser un clandestino». H