Los examinadores de Tráfico retomaron ayer su huelga, seguida por un 80,59% a nivel nacional y convocada cada lunes, martes y miércoles durante el mes de septiembre. El objetivo es exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) una subida salarial y mejores condiciones laborales, según los convocantes. En Castellón, la protesta tuvo escaso seguimiento, aunque se espera que el mismo aumente cara a mañana.
Estos paros parciales, que ya se hicieron durante los meses de junio y julio, se producen después de que el pasado 23 de agosto la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) desconvocara «por sensibilidad con los casos más urgentes» la huelga indefinida prevista para septiembre.
Los dos primeros meses de huelga, según los datos de la DGT, conllevaron la suspensión de 71.000 exámenes, pero la patronal de las autoescuelas elevó esa cifra a 150.000, con un coste de 20 millones de euros. En la provincia se llegaron a suspender 160 pruebas semanales.
La asociación de examinadores dejó «en manos de la DGT convocar al comité de huelga y negociar alguna salida», al tiempo que advirtió de que «si Tráfico no reacciona, el conflicto continuará». Además de un aumento de plantilla, el colectivo de examinadores exige a la DGT una subida del complemento salarial específico acorde con las características del puesto: elevada complejidad técnica, peligrosidad, penosidad y gran responsabilidad dentro de la seguridad vial.
UN CONFLICTO «EVITABLE»
«Este conflicto era perfectamente evitable si Tráfico hubiera cumplido con el colectivo examinador tal y como prometió hacerlo en 2015», cuando la administración se comprometió a elevar el complemento específico a este colectivo, apuntaron los huelguistas.
Sin embargo, la DGT asegura que ha defendido «varias veces» ante el Ministerio de Hacienda los argumentos de los examinadores, pero la respuesta desde este departamento siempre ha sido que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a ellas.
