El Defensor del Pueblo cree que la reforma de las pensiones del 2013 tiene un fuerte impacto en su cuantía media, amenaza su adecuación y el grado de sostenibilidad social, y alerta de que el nuevo Factor de Sostenibilidad volverá a incidir en una rebaja de la pensión.
El informe del Defensor del Pueblo correspondiente al 2017 y que fue entregado ayer en las Cortes Generales afirma que la reforma de las pensiones del 2013, a diferencia de la realizada en el 2011, se hizo sin consenso y que perseguía propiciar una progresiva caída de la pensión media real, para que en el 2050 se pudiera mantener el gasto total en pensiones ante el incremento de los pensionistas.
El texto que analiza la evolución de la situación en esta materia advierte de que la puesta en marcha del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) desvinculado de la inflación, que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en el 2017, ha motivado un incremento de las quejas de los ciudadanos.
El informe incide en que el IRP es una fórmula «radical y desconocida en el panorama europeo», ya que prioriza la preservación de la estabilidad financiera del sistema garantizando un incremento anual del 0,25% de las pensiones sin tener en cuenta el IPC.
Recuerda que todos los países de la UE, salvo Irlanda, revalorizan las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios o de los salarios, o de una combinación de ambos indicadores.
Además, alerta de que el Factor de Sostenibilidad actuará a partir de 2019 «como un descuento» en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución -previsiblemente al alza- de la esperanza de vida. «El potencial impacto de estas dos medidas (índice de revalorización y Factor de Sostenibilidad) no es en absoluto menor», señala el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
Ante el casi vacío Fondo de Reserva ve dos opciones para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social: el endeudamiento o nuevas fuentes de financiación que pasarían por una subida de cotizaciones o el aumento de la aportación del Estado.
efectos diferentes // En opinión del defensor del pueblo, la reforma de pensiones del 2011 no alteró las características fundamentales del modelo, mientras que la reforma de 2013 modificó aspectos neurálgicos.
Argumenta que mientras en el período 2008-2011 la caída de ingresos del sistema fue por la destrucción de empleo, a partir del 2012 esta evolución está directamente vinculada a la caída de las bases de cotización derivadas de contratos precarios y de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional entre el 2012 y 2016.
Por último, el informe del Defensor del Pueblo también cree que la reforma laboral de 2012 ha tenido «un escaso efecto real» en el empleo para frenar la contratación temporal.
