El Consejo de Ministros inició ayer el trámite para poner en práctica una de las principales demandas de los colectivos de personas con discapacidad: eliminar la posibilidad de que sean incapacitadas judicialmente, en cumplimiento de la convención de la ONU, que les permite tener los mismos derechos que el resto. En España, en algunos aspectos, esta es una asignatura pendiente.

De hecho, con el fin de proteger a las personas con discapacidad, la legislación española, según el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), es muy «paternalista» y por ello contempla la figura del tutor, que sustituye a las personas que son declaradas incapaces judicialmente en la toma de decisiones. El anteproyecto prevé sustituir esta figura por otras que, según el grado de discapacidad, prestarán apoyo, buscando siempre respetar al máximo la voluntad del discapacitado. Asimismo, de forma novedosa, se introduce la posibilidad de anticipar quien dará apoyo en el futuro, en el caso de que se prevea padecer algún tipo de enfermedad discapacitante. Una especie de medidas preventivas o testamento en vida, parecido al que contemplan algunas leyes autonómicas de muerte digna, que permite fijar quién y cómo debe cuidar a la persona discapacitada.

MODIFICACIÓN NORMATIVA // Se trata, por tanto, de la reforma más ambiciosa desde que se incorporó a la mujer en igualdad de derechos al hombre en el ordenamiento jurídico, según fuentes jurídicas. De hecho, la modificación normativa afecta a Código Civil, a la ley de enjuiciamiento civil, a la ley hipotecaria y al Registro Civil, entre otras materias, y sienta las bases, según destacó la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, para pasar de «un sistema basado en la sustitución en la toma de decisiones por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencia de estas personas».

El cambio abarca desde el acompañamiento amistoso, a la ayuda técnica en la comunicación de decisiones de voluntad o, incluso, en la toma de decisiones delegadas. Solo en los casos donde la persona sufra una discapacidad más grave, en los que el apoyo no pueda darse de otro modo, se prevé una figura de representación en la toma de decisiones. Según fuentes del Ministerio de Justicia, a «diferencia de los códigos decimonónicos, más preocupados por los intereses patrimoniales que por la protección integral de la persona, la nueva regulación atiende a asuntos de esta naturaleza, pero también a aspectos personales como el domicilio, la salud, las comunicaciones». Las mismas fuentes advierten de que la reforma normativa debe ir unida «a una transformación de la mentalidad social, especialmente en aquellos profesionales del derecho, como jueces, que han de prestar funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de nuevos principios y no de visiones paternalistas».

Está previsto que el anteproyecto se complete, en un futuro próximo, con la reforma que otorgará el derecho al voto a las personas con discapacidad, que esta semana superó el primer trámite parlamentario.