El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes el Real Decreto Ley que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que intermedian en España plataformas como Cabify o Uber. Tras las reuniones celebradas desde finales de julio entre el Ministerio de Fomento, las federaciones de taxistas y la patronal Unauto VTC, el Gobierno cree que esta nueva norma pondrá fin al conflicto entre estos dos sectores de la movilidad urbana en vehículos de hasta nueve plazas con conductor.

Por medio de esta norma, el Estado facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar la ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España.

El Congreso convalidó el pasado 10 de mayo un anterior Real Decreto Ley de 20 de abril sobre las limitaciones a los VTC, lo que elevó a rango de ley las reglas de proporcionalidad frente al taxi.

La progresiva aparición en las principales ciudades españolas de estos nuevos vehículos que se contratan por vía telemática, de una longitud mínima de 4,70 metros, pintados con colores oscuros y con pegatinas identificativas en las lunas, ha puesto en pie de guerra al sector del taxi.

Los taxistas protestaron a finales de julio en las principales ciudades españolas en contra de la competencia de los VTC y para pedir que fuera efectiva la proporción establecida normativamente de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Fomento ya ultima la nueva norma, que modificará la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), que verá la luz el viernes, para tratar de poner fin a la denominada guerra del taxi.

indemnizaciones // Uno de los puntos de mayor fricción en la elaboración del nuevo texto legal se ha referido a la implantación de una segunda licencia regional o municipal y la consiguiente supresión de las VTC sobrantes para que se cumpla la proporción 1/30. Fuentes ligadas a Cabify y Uber han apuntado que la supresión de licencias ya autorizadas abriría una puerta a indemnizaciones, que podrían alcanzar los 3.758 millones de euros.

Unauto, la asociación que representa al 90% del sector, ya ha comunicado que recurrirá ante los tribunales pertinentes, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Unión Europea el nuevo Real Decreto Ley que prepara el Gobierno central si aprecia «cualquier restricción» a sus derechos.

La patronal sostiene que el Ejecutivo «ha estado cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos». Esta situación, añade, está generando inquietud y frustración entre sus asociados.

En el otro extremo, las asociaciones del sector del taxi están a la espera de que se concreten las líneas que les expuso el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para hacer pública una posición definitiva.