El golpe a los vehículos de transporte con conductor (VTC) de Uber y Cabify se retrasa cuatro años. Los conductores de estas plataformas podrán seguir operando durante este período, pasado el cual su regulación pasará a depender de las comunidades autónomas, que podrán decidir cuantas licencias renuevan o incluso si no renuevan ninguna. Lo que si podrán hacer de modo inmediato las administraciones locales y regionales es establecer horarios, días concretos de circulación, recorridos máximos y otros condicionantes como los que afectan actualmente a los taxis.

El decreto ley que contiene esta reforma modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha justificado el traslado de las competencias a la comunidades por el tipo de servicio que prestan las VTC. «Es un transporte urbano, al igual que el taxi, por lo tanto lo normal es que lo regulen las mismas autoridades locales, que son las responsables de la movilidad en su territorio», afirmó.

Las autonomías podrán intentar volver a la proporción 1/30 (11.200 VTC por 65.000 taxis) que establece la ley o fijar una propia. Actualmente la ratio media es de 1/6 y en Madrid 1/3.

El periodo transitorio se justifica por la necesidad de evitar un alud de reclamaciones. El decreto lo que hace es «indemnizar en tiempo» a los actuales titulares, cuya patronal calculaba en unos 3.500 millones de euros el importe que les podía corresponder si se «expropiaban» el 80% de los 11.200 permisos vigentes en la actualidad. La reforma establece un plazo de seis meses para que el Gobierno apruebe un proyecto de ley con sanciones más duras para las VTC que incumplan sus condiciones de servicio.