El Parlamento español aprobó en 2004 la ley contra violencia machista, una ambiciosa norma que pretendía no solo disminuir los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sino enterrar definitivamente la sociedad patriarcal. Los diputados ratificaron el texto por unanimidad. Quince años después parece que ese se consenso político está tiritando por culpa de los partidos de ultraderecha, a quienes el feminismo y el empoderamiento de las mujeres les da urticaria. El resto de partidos ha decidido, sin embargo, seguir luchando sin tregua contra maltratadores y asesinos de mujeres.
Después de conquistar mucho terreno en el Parlamento español, la ultraderecha se siente fuerte. Tanto como para que no les tiemble el pulso al renegar del término violencia machista. Ellos hablan de "violencia intrafamiliar". En su (indocumentada) opinión, las mujeres puede ser tanto víctimas como culpables. Sin embargo, la realidad constata que en lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse de manera oficial, el número de asesinadas asciende a 1.027. A esa dolorosa cifra hay que añadir los 34 menores fallecidos por este motivo y los 275 que se han quedado huérfanos.
BOCHORNOSO DISCURSO
La ultraderecha española, sin embargo, torpedea la lucha. Hoy, día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, Javier Ortega Smith (Vox) ha lanzado un discurso en un acto institucional en el ayuntamiento de Madrid. Sus palabras eran tan hirientes para el colectivo feminista que una señora, sentada en una silla de ruedas, se ha encarado con él hasta las lágrimas. Mientras, el diputado y concejal no se ha dignado ni a mirarle a la cara. Y eso que la tenía a escasos centímetros.
El discurso negacionista no solo se da en España sino en toda Europa. Hace un par de años, el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, defendió en la cuna de la democracia europea, la Eurocámara, que las mujeres deben ganar menos porque son inferiores.
PSOE Y PP
En el resto de fuerzas políticas, no hay ni media fisura en considerar la violencia contra las mujeres como un asunto de máxima prioridad. "La ultraderecha falta al respeto e injuria la memoria de las víctimas, de sus familias y de sus hijos. No va a conseguir romper nuestro consenso. No vamos a flaquear ni un milímetro", explicó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a la agencia Efe con motivo de la celebración del 25N. En esa lucha también está el PP. A pesar de haber pactado con la ultraderecha en determinados ayuntamientos, el partido conservador considera que la violencia contra las mujeres es "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo". "Es una realidad social con la que convivimos y que debemos combatir unidos. Esta forma extrema de discriminación nos avergüenza como sociedad. Por eso, rechazamos a quienes a derecha o izquierda plantean una utilización partidista de una causa que nos debería unir a todos en torno a las víctimas. La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo niegan o pretenden diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza e igualmente reprobable, están haciendo un flaco favor a las víctimas", destaca el manifiesto del 25N escrito por el partido liderado por Pablo Casado.
CON PODEMOS
Puede que en otros aspectos sociales y políticos, PSOE y su -ahora sí- socio preferente de Gobierno, Podemos, tengan opiniones dispares. Pero en violencia machista van de la mano. También en igualdad entre hombres y mujeres. Ambos apoyan impulsar el pacto de Estado contra la violencia machista (que Podemos no apoyó en su día porque consideraba que se quedaba corto) y también reformar el Código Penal para eliminar la diferencia entre agresión sexual y abuso de tal manera que el consentimiento de la víctima sea clave para determinar si hay delito, el llamado 'solo sí es sí'.
La extrema derecha asegura que la ley aprobada por unanimidad en 2004 "no sirva para proteger a las mujeres". Lejos de esa máxima, el resto de partidos está convencido de que el texto -que solo se ha modificado una vez, en 2015, para incluir a los menores como víctimas- puede ser mejorado, pero se trata de una norma buena y pionera. Eso sí, necesita "dinero para que se pueda aplicar", añadió Pilar Martín Nájera, fiscala contra la violencia sobre la mujer. Entrevistada en RNE, la experta aseguró que jueces, abogados y médicos forenses están recibiendo cursos y talleres para ejercer su actividad laboral con perspectiva de género. El problema es que todavía hoy a quien piensa que un hombre que maltrata a su mujer puede ser buen padre. De ahí, la "resistencia importante" por parte de los órganos judiciales a pronunciarse sobre la patria potestad de los menores en los casos de violencia machista.
Otra asignatura pendiente es que las maltratadas den el paso de denunciar su calvario. La inmensa mayoría de las asesinadas este año (el 80%) no había acudido a la policía previamente. Algunas, según la fiscala Martín Nájera, por miedo. Y otras porque carecían de apoyo familiar y no tenía ni donde ir.
