El Gobierno está dispuesto a plantarle cara a los hábitos alimentarios negativos y, por tanto, a la obesidad, especialmente preocupante entre los menores. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció ayer una batería de propuestas para fomentar una alimentación saludable, entre las que destaca la implantación de un nuevo tipo de etiquetado frontal que aporte toda la información nutricional necesaria para impulsar una dieta equilibrada, sobre todo entre los más pequeños de la casa.

«Queremos generar un sistema de etiquetado que incentive el consumo de alimentos saludables y desincentive los que son nocivos para la salud», explicó Garzón en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Según afirmó, en su departamento están «evaluando los diferentes grados de eficacia de los distintos sistemas existentes» para ver «cuál puede ser el diseño más adecuado» para España. A este respecto, apuntó que las experiencias de Chile, Francia y Portugal «demuestran la eficacia de optar por etiquetas con un código de fácil comprensión» para los consumidores.

Esta no fue la única propuesta que el ministro puso sobre la mesa. El nuevo etiquetado podría llegar también con un modelo fiscal diferente al actual que sirviera para fomentar una dieta equilibrada y restar atractivo a aquellos productos «con cierta nocividad» para la salud. Garzón destacó asimismo la necesidad de regular «las informaciones comerciales dirigidas al público infantil y que no promueven buenos hábitos». Como última medida y complementando a todas las demás, aseguró que se promoverá la realización de campañas de concienciación, prevención e información «que permitan a nuestro país transitar hacia una alimentación saludable».

PRIMERO, EL CONSUMIDOR / En respuesta al diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Marcos de Quinto, el ministro de Consumo reconoció que con estas medidas es «obvio» que haya empresas que van a salir «perdiendo», pero recordó que el Gobierno tiene que «anteponer el criterio de salud pública» y de la preservación de los derechos de los consumidores vulnerables «ante todo lo demás».