El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al primer tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales públicos para créditos a empresas de 100.000 millones que aprobó la semana pasada para combatir los devastadores efectos económicos del coronavirus y con la que pretende movilizar hasta 100.000 millones adicionales del sector financiero. El Estado garantizará el 80% de los préstamos a autónomos y pymes, para los que se han reservado 10.000 millones de esa primera partida. Para el resto de empresas, el aval será del 70% en los créditos nuevos y el 60% en las renovaciones de líneas de financiación.

La vigencia de las garantías será igual al plazo del crédito, con un máximo de cinco años, y será retroactiva, con lo que podrán beneficiar a los créditos concedidos desde el 18 de marzo. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó que la financiación servirá para pagar salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, como las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Las refinanciaciones, entendidas como la sustitución de un crédito por otro, no están incluidas.

AJUSTES / Montero explicó que, cuando se agoten los primeros 20.000 millones, se activarán «de forma automática» tramos adicionales hasta los 100.000 millones. «Queremos observar cómo se comporta este mecanismo. Si hubiera que ajustar alguno de los criterios por la demanda o la situación del mercado, estaremos en condiciones de poder abordarlo», apuntó tras destacar que el objetivo de esta medida es dotar a las empresas de una «liquidez que preserve la actividad productiva y, sobre todo, el empleo».

Los porcentajes cubiertos están algo por debajo de los pedidos por los bancos (90% para pymes y autónomos, 80% para empresas y 70% para grandes empresas), pero también por encima de los que aseguraban temer que el Ejecutivo aprobase (50% general y garantías mayores para algunos colectivos). «Las condiciones son distintas para las empresas que tienen más músculo financiero», justificó Montero, que también aseguró que los comités de riesgos de los bancos tendrán ahora «más facilidad» para aceptar la concesión de los créditos.

La patronal bancaria AEB dio la «bienvenida» al anuncio del Gobierno. «Ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación. Los bancos, con la ayuda del programa de avales públicos, están aquí para garantizar la supervivencia de las empresas y autónomos afectados por esta crisis sanitaria. Queremos y podemos hacerlo», afirmó su presidente, José María Roldán.

CONDICIONES / Según indicó el Ministerio de Asuntos Económicos, las empresas y los autónomos podrán pedir los avales si están afectados por los efectos económicos del coronavirus y no estaban en situación de morosidad a 31 de diciembre del 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Podrán solicitarlos para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de este año, dirigiéndose a las entidades financieras con las que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) suscriba acuerdos de colaboración.

Los bancos se deberán comprometer a mantener los costes de los créditos avalados en línea con los que aplicaban antes del inicio de la crisis del coronavirus. Montero se mostró convencida de que serán «razonables» en los precios.

También deberán mantener, al menos hasta el 30 de septiembre, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades.