Solo un día después de que la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitiese su denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido concentraciones en la ciudad, como la del 8-M, Víctor Valladares interpuso otra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

Valladares, que en este momento no ejerce como abogado, por lo que presentó las denuncias como particular, hizo caso a la magistrada, que en su auto de admisión a trámite le recordaba que los miembros del Ejecutivo solo pueden ser investigados por la Sala Segunda del alto tribunal. Su objetivo es que se adhieran a ella todos los afectados por el covid-19 para lo que trabaja en la constitución de una asociación que les represente, dijo él mismo a este diario.

La presentación de la denuncia coincidió con la reaparición tras recuperarse del covid-19 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de utilizar la pandemia para «intentar atacar al feminismo y a las mujeres». Montero tenía en mente a Vox, pero también al Partido Popular, que ha pedido al Gobierno la lista de todos los «eventos multitudinarios autorizados y celebrados» en la Comunidad de Madrid del 15 de febrero al 9 de marzo. Varios de sus dirigentes han criticado expresamente al Ejecutivo por permitir el 8-M, pese a que el número de muertos y contagiados era ya significativo ese fin de semana.

Coinidiendo con la aparición de la ministra Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recibió ayer el alta hospitalaria, después de que el miércoles se anunciara que había dado positivo. En cualquier caso, seguirá el tratamiento médico necesario en su domicilio, manteniendo el aislamiento, al igual que lo está también la ministra Carolina Darias.