Cuando España parece acariciar el pico de contagios y bajo un temor creciente a que las ucis colapsen la próxima semana, el Gobierno endurece el confinamiento, un agravamiento que se había resistido a aplicar hasta ahora a pesar de las múltiples presiones de varios sectores y grupos políticos. Ayer, con los informes de los expertos sobre la mesa apuntando a una saturación crítica en los hospitales, Pedro Sánchez asumió que tenía que ceder y paralizar toda actividad no esencial, una medida de efectos económicos adversos, sin duda, pero que busca frenar con mayor contundencia los contagios y descargar a la sanidad de una avalancha en ciernes.

Al presidente no le quedó más remedio que anunciar en una comparecencia aquello que hasta el miércoles había rechazado: el frenazo de todos los servicios que no sean imprescindibles desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos. El permiso será retribuido y, pasado lo peor, los trabajadores deberán recuperar las jornadas no realizadas de forma paulatina. Como las fechas coinciden con la Semana Santa, en realidad la medida afecta a ocho días laborables pero la transmisión se puede reducir durante 15 días. Es decir, un mal menor en el momento más dramático de la crisis, el día en que, además, la ministra de Igualdad, Irene Montero volvió a dar positivo a la prueba de coronavirus a pesar de la cuarentena de dos semanas que ha hecho.

CONSEJO DE MINISTROS, HOY / Aunque la Moncloa estudia el borrador de esta especie de vacaciones forzosas desde hace días, el Ministerio de Trabajo todavía ultimaba anoche un decreto que aprobará hoy el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. Lo que ya está claro es que el permiso va a ser retribuido, por lo tanto, pagado por los empresarios, que ahora tendrán que negociar con los sindicatos y empleados, informa Gabriel Ubieto. Cuando lo peor de la pandemia quede atrás, los trabajadores devolverán esas horas de forma «paulatina y espaciada en el tiempo», explicó el presidente.

El anuncio de Sánchez quedó allanado por las explicaciones que, a mediodía, había ofrecido Fernando Simón. De forma cristalina, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, advirtió que algunas zonas de España han llegado ya al pico de contagios y que esto se va a traducir en un aumento tal de ingresos hospitalarios y que la semana que viene las ucis corren el peligro de colapsar.

El objetivo del Gobierno ahora es evitar ese desborde. «Lo más importante es ralentizar el número de hospitalizados. Las ucis empiezan a estar con muchísima presión», dijo Sánchez.

Tomar la decisión no fue nada fácil. Sánchez viene advirtiendo desde el principio que los efectos de la pandemia pueden ser devastadores para la economía y con una UE que da la espalda a los coronabonos que España e Italia piden, endurecer el confinamiento resultaba todavía más complicado. Todo esto amén del revuelo que la medida viene causando en la arena política desde hace días.

CAMBIO DE PASO / En el pleno del miércoles, quedó bien claro que algunos partidos preferían no echar el cerrojo a toda actividad (PP, Vox, Cs, PNV) mientras que otros (ERC, Más País, Compromís, Bildu), es decir, los socios de Sánchez reclamaban el parón total. Significativo fue que incluso Podemos se mostró favorable a esta medida. CCOO y UGT se felicitaron de la medida. La oposición culpó al presidente, pero evitó censurar el cerrojazo económico. El PP afeó al jefe del Ejecutivo que no reconociese errores. Ciudadanos le acusó de no ser claro ni ofrecer «garantías y tranquilidad a trabajadores, autónomos y empresas».