El Gobierno paralizará los desahucios durante seis meses. Así como impondrá una prórroga automática de los contratos de alquiler vencidos durante la crisis sanitarias también por un plazo seis meses, de manera que nadie pueda quedarse sin techo durante el periodo que dure la epidemia de coronavirus y los efectos económicos que implica. «El presidente nos encargó a los ministerios que no dejáramos a nadie atrás en esta crisis, sobre todo a todas aquellas personas más vulnerables y muchas personas que viven de alquiler lo son», dijo ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en rueda de prensa para comentar las últimas medidas del Gobierno. Ábalos confirmó que hoy se lleva toda una batería de medidas relacionadas con el arrendamiento al Consejo de Ministros, que cuentan con el apoyo de los ministerios de Economía y Hacienda y, finalmente, con el respaldo de Unidas Podemos, según dio a conocer ayer la propia formación morada.

GRANDES PROPIETARIOS / Las propuestas sobre el alquiler afectarán finalmente a los grandes propietarios, aquellos que tienen más de 8 viviendas. El Ejecutivo estudiará una moratoria de cuatro meses para los inquilinos en situación de vulnerabilidad, que son aquellos que tienen que destinar más de un 40% de la renta que perciben al arrendamiento de su casa. Esta amplia lectura de vulnerabilidad cabe atribuirla a Podemos. Los inquilinos afectados por la moratoria tendrán varios años para hacer frente al pago aplazado. En este caso, había alguna diferencia con Podemos, que respalda la suspensión directa de la renta o en el caso de una moratoria que los tenedores tengan que efectuar una quita sobre esa deuda si es que no se puede pagar. Parece que esta última opción se ha acabado imponiendo.

Las medidas, destacan fuentes de Transportes, afectarán también a más del 85% de las personas que viven en régimen de alquiler en España en viviendas de pequeños propietarios. Quienes no puedan hacer frente a la renta tendrán acceso a un microcrédito con cero intereses para pagar el alquiler que podrán pedir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrá un plazo para devolverlo de entre tres y seis años. Esta fórmula, en todo caso, evita acudir al sistema financiero tradicional y que el Estado tenga que avalar el préstamo puesto que el ICO es un organismo público. Transportes también planteará que las personas o familias que se vean abocadas a la quiebra por la actual situación o porque no puedan hacer frente a sus pagos no dejarán de tener una vivienda. Se movilizará una partida del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 500 millones de euros para actuar sobre esa situación. Fuentes consultadas señalan que además de esos recursos, existe una línea de 300 millones de euros destinada a la Comunidades Autónomas incluida en el decreto de las hipotecas que también podrán movilizarse para paliar esa situación.

Desde diferentes colectivos y algunos partidos políticos se había insistido en que las iniciativas tomadas por el Ejecutivo llegaran también al alquiler, puesto que los colectivos más vulnerables se encuentran en ese ámbito de la vivienda. Pero desde antes de la aprobación del decreto de moratoria de las hipotecas ya había dos posiciones distintas dentro del Gobierno con respecto a los alquileres: Unidas Podemos se ha manifestado a favor de que se suspendan los arrendamientos y que no fueran las personas afectadas por la crisis quienes tuvieran que hacer frente a las deudas por el impago de las rentas. Desde el PSOE, sin embargo, se ha considerado que no merecen el mismo tratamiento los pequeños propietarios que los grandes tenedores, fondos de inversión, bancos y socimis.