La fiscalía abre el foco sobre las muertes en los geriátricos

Las investigaciones penales por la posible comisión de un delito abiertas por la fiscalía en España van en aumento día a día. En la actualidad permanecen vivas 160 diligencias (26 más que hace siete días) en todo el país. En Madrid se están tramitando 67 casos que podrían desembocar en denuncia o querella en los juzgados. Esta comunidad es la que acapara más pesquisas de este tipo, 92, más de la mitad de las registradas en el territorio español. El repunte se ha constatado también en Castilla y León (7), Cataluña (6), Castilla-La Mancha (2) y Aragón (1).

Entre las comunidades en la que no consta ninguna investigación en curso se encuentran Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra o el País Vasco. En la Comunitat Valenciana, por su parte, todas las diligencias aparecen archivadas, salvo una.

Ayer se presentó ante la opinión pública la plataforma estatal de Afectados por el Coronavirus, cuyos cabezas visibles son el andaluz Abraham Granadino y Ángel Juárez, presidente de la Coordinadora de Entidades de Tarragona (CET).

Difícil encontrar pruebas / Los juristas consultados consideran que es complicado construir con pruebas una querella o denuncia por la vía penal, ya que debe concretarse quién ha cometido el delito y los indicios que existen contra él. Algunas de las denuncias presentadas en las fiscalías en este ámbito suelen ser bastante genéricas y eso dificulta la posibilidad de investigar.

Los abogados son más partidarios de interponer un recurso contencioso-administrativo en el caso de que la residencia sea de titularidad pública, argumentando el deficiente funcionamiento de sistema, o acudir a la vía civil en el supuesto de que sea privada. Los fiscales, por ahora, están recopilando datos para poder decidir si al final judicializan o no sus investigaciones.

DILIGENCIAS CIVILES / En España, 211 diligencias civiles de seguimiento de residencias siguen abiertas en la actualidad para controlar que no se cometa vulneración de derechos de los alojados y que no existan disfunciones en la gestión. En algunos casos y al cabo de un tiempo, parte de estos expedientes pasan a ser investigaciones penales si se concreta la posibilidad de que haya existido negligencia y se haya podido cometer un delito.

De forma paralela, hay juzgados que ya están tramitando investigaciones por las denuncias presentadas directamente por parte de los familiares de algunos de los fallecidos en estos centros para mayores.