La nueva Ley de Memoria Democrática, en cuyo anteproyecto trabaja el Gobierno, permitirá ilegalizar aquellas asociaciones y fundaciones franquistas "que públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la guerra civil española y el franquismo por su condición de tales".
Lo ha confirmado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, en la cual explica que el anteproyecto de esta normativa prevé incluir dos modificaciones normativas que darán cobertura legal a la ilegalización de estas entidades que ataquen a las víctimas del franquismo.
En concreto, se trata de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y de la Ley de Fundaciones, ambas del 2002, las cuales se quiere reformar "con el objeto de declarar ilegales" aquellas fundaciones y asociaciones que inciten a la violencia contra las víctimas de la guerra civil.
Carles Mulet había insistido en pedir información al Ejecutivo sobre sus planes para "declarar ilegal el franquismo", al entender que no se le había respondido cuando había planteado esta cuestión dentro de una batería de preguntas relativas al coste del dispositivo de la exhumación de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.
FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO
La ilegalización de entidades relacionadas con el franquismo, entre ellas la Fundación Nacional Francisco Franco, constituye una demanda reiterada de este parlamentario, que lleva años reclamando al Gobierno que actúe al respecto mediante todo tipo de iniciativas parlamentarias.
Ahora, el Ejecutivo está trabajando en la modificación de la Ley de Memoria Histórica del 2007 a través de esa nueva Ley de Memoria Democrática, con la que pretende ahondar en diversos aspectos en favor de la "reparación moral" y la "recuperación de la memoria personal y familiar" de los represaliados del franquismo.
A finales de junio, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que se pretendía dar luz verde al proyecto de ley que recoge esta reforma antes del mes de agosto.
Entre sus novedades figura un plan de exhumaciones de víctimas, la habilitación de un registro de ADN y la implantación de fórmulas para restituir a quienes fueron juzgados sin garantías durante la dictadura.
