La Asociación de Unión de Ganaderos del Levante, de Castellón, ha interpuesto una querella criminal contra la consellera Mireia Mollà ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por un supuesto delito de prevaricación administrativa por presuntas irregularidades administrativas a la hora de publicar las ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por el covid-19.

Concretamente, la Conselleria que preside Mollà habría excluido -a sabiendas de la desviación de poder y de crear una situación discriminatoria por motivos políticos- a este colectivo de ganaderos de reses bravas del acceso de ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por el coronavirus de la Generalitat Valenciana aprobado mediante decreto 59/2020 de 8 de mayo.

Y ello, a pesar de que inicialmente se incluyeron en la página web de la Generalitat valenciana como beneficiarios de la ayuda a los ganaderos de toros de lidia destinados a los festejos de bous al carrer.

Excepción para los ganaderos de bravo

Con posterioridad y al cabo de unas horas después de la referida publicación, y alegando que había existido un error, se eliminaron como beneficiarios de la ayuda a los ganaderos de toro bravo y contraviniendo el procedimiento administrativo los informes técnicos que sirvieron de base para la publicación del decreto 59/2020 de 8 de mayo, del Consell. Además, esta modificación tampoco aparece en la corrección de errores del decreto 59/2020 de 8 de mayo.

Supuestamente existiría una desviación de poder por parte de la consellera querellada al eliminar de la ayuda y como beneficiarios de la misma a los ganaderos de bravo. Actuación que únicamente obedece a la posición ideológica y con mala fe que está exhibiendo la consellera al sector ganadero de toros bravos.

Después de que en febrero de este año la asociación de ganaderos de la provincia de Castellón hubiera presentado la querella, el Tribunal de Superior de Justicia, como paso previo a deliberar sobre la admisión a trámite de la misma, ha requerido a cada uno de los asociados para su comparecencia personal el día 17 de marzo para otorgar el correspondiente poder procesal especial.