La Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la que forma parte Cáritas Española, hace un llamamiento a instituciones y representantes políticos para impulsar cambios hacia “un modelo económico y comercial global más justo y sostenible en la era post-Covid”, con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, que se celebra este sábado 8 de mayo. De esta forma, se unen a la declaración ‘Reconstruyamos con justicia’, emitida con motivo de la jornada por una alianza de entidades de todo el mundo, ante el “gran impacto” que ha tenido la pandemia en las personas más vulnerables, incluidos los pequeños productores y trabajadores.

En esta declaración se afirma que la pandemia ha tenido “efectos devastadores en los derechos humanos, entre otros, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de las personas” y que “la pobreza y el hambre, a su vez, han aumentado el riesgo del trabajo forzoso e infantil y la deforestación”. “La crisis actual nos ha demostrado no sólo lo interdependientes que somos todos, sino también cómo la destrucción de la naturaleza, la deforestación y las crisis climática y sanitaria están interrelacionadas y comparten la explotación de las personas y del planeta como una causa común”, afirman las entidades.

Apoyo gubernamental

Por ello, para las organizaciones firmantes, “es esencial que los Gobiernos establezcan medidas de apoyo para garantizar que los pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras sean capaces de resistir a futuras crisis”. Según advierten, en los próximos años, “el cambio climático no hará sino agravar la vulnerabilidad y la desigualdad de millones de pequeños productores y trabajadores”. En este sentido, recomiendan asegurar que trabajadores y productores dispongan de equipos de protección personal y, mientras existan medidas de distanciamiento, “congelar” los impuestos a las empresas que producen necesidades básicas y garantizar precios accesibles para las necesidades básicas y para los insumos necesarios para la producción agrícola. Igualmente, piden poner en marcha políticas públicas de apoyo al Comercio Justo, a las empresas sociales, cooperativas y otros actores de la Economía Social y Solidaria, la agricultura ecológica y las prácticas agroecológicas. Además, proponen reformar los sistemas impositivos para incentivar el Comercio Justo.

Finalmente, animan a marcarse objetivos nacionales y regionales “ambiciosos” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reducir “rápidamente” las emisiones de CO2 y garantizar el límite del aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC, como se exige en el Acuerdo de París.