Oxfam Intermón alerta de que más de 1,5 millones de personas que viven en pobreza severa no pueden optar al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pide cambios para facilitar el acceso, cuando se cumple un año de su aprobación. La organización estima que con mejor diseño y mayor inversión, el IMV podría cubrir a toda la población que actualmente vive en situación de pobreza severa, es decir, unos cinco millones de personas. Pero, para ello, propone multiplicar por cinco el gasto que se hará este año en esta medida, estimado en 1.500 millones de euros. "Los fallos en su diseño e implementación lo convierten en una herramienta con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país", explica Oxfam Intermón en un informe que publica este miércoles, en el que denuncia que quedan fuera 1,56 millones de personas por no cumplir los requisitos que se precisan para su solicitud.

Para Oxfam, "ninguna familia en situación de necesidad se puede quedar sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso", asegura Liliana Marcos, responsable de políticas públicas. La ONG estima que hay margen para subir los umbrales de acceso, gastar más y llegar a más hogares vulnerables, porque España invierte en protección social hasta 23.000 millones de euros menos que la media de la UE.

En el actual diseño del Ingreso Mínimo, Oxfam propone modificar que la referencia del nivel de renta sea el del año anterior, cuando muchas de las familias han reducido sus ingresos durante la pandemia. "La covid ha dejado sin medios de vida a miles de personas de la noche a la mañana", explica Marcos, que insiste en que no tiene sentido usar los datos fiscales para determinar el acceso en un momento de crisis.

Además, Oxfam Intermón reclama a las comunidades autónomas que no reduzcan su inversión en la lucha contra la pobreza y que complementen las necesidades de las familias con servicios y prestaciones. Recuerda que el 42% de las personas en situación de pobreza severa en Andalucía, el 37% en Valencia o el 30% en Cataluña están excluidas tanto de las rentas mínimas como del IMV.