Magistrados de la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absolvieron al hombre musulmán acusado de un delito de incitación al odio contra ciudadanos judíos y el pueblo de Israel, al estimar que los diferentes mensajes divulgados en las redes sociales fueron realizados en el ámbito de su libertad de expresión. El varón acusado realizó los mencionados comentarios cuando ejercía como presidente de la Federación Islámica de Canarias; pero el mencionado cargo ahora lo ostenta otra persona que nada tiene que ver con los referidos hechos. Así se estableció en una sentencia que no es firme y que ya ha sido recurrida por parte de la representante de la Fiscalía ante el órgano pertinente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Cabe recordar que el juicio contra el mencionado exdirigente religioso de la comunidad islámica se desarrolló a finales del pasado mes de mayo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

La fiscal Enriqueta de Armas solicitaba para la persona acusada una pena de cuatro años de cárcel, así como la inhabilitación especial del acusado para ejercer el cargo que ostentaba en el momento de divulgar los mensajes en la Federación Islámica de Canarias. Además, el hombre también figuraba en el momento en que fue investigado por parte de profesionales de la Guardia Civil como miembro de la Liga de Imanes de España, asesor religioso de la Comunidad Musulmana en Canarias y guía espiritual para los nuevos musulmanes y nuevas generaciones.

Según se expone en el escrito de calificación elaborado por la representante del Ministerio Público, durante más de tres años, entre agosto del 2014 y septiembre del 2017, el implicado realizó en una conocida red social "numerosas publicaciones con el ánimo de provocar odio y hostilidad contra Israel y el pueblo judío, con una clara motivación antisemita", a la vez que mostraba "su manifiesta animadversión" hacia el citado país de Oriente Medio.

El 9 de abril del 2018, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife acordó la entrada y registro en el domicilio del acusado en la capital tinerfeña. Investigadores de la Guardia Civil efectuaron la inspección de la citada vivienda al día siguiente y en la misma encontraron y requisaron diversos dispositivos electrónicos supuestamente usados por el acusado para difundir los mensajes presuntamente ofensivos hacia el pueblo judío e Israel.

Además de la pena privativa de libertad y la inhabilitación especial para ejercer todos los cargos que ocupaba en el momento de los hechos en el ámbito de la comunidad musulmana, la fiscal delegada de delitos de odio también reclamaba para el individuo una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros (1.620 euros) y el abono de las costas judiciales.

La vista oral se desarrolló el pasado 24 de mayo y en la misma el implicado reconoció que había enviado numerosos mensajes denigrantes hacia otras personas y el referido país en una conocida red social, pero argumentó que las mencionadas publicaciones las efectuó al hacer uso de su libertad de expresión.

En esa línea, afirmó ante los tres magistrados de la Sección V de la Audiencia Provincial y también ante la representante de la Fiscalía que de sus textos no se desprende odio alguno.

Un total de 17 publicaciones

Para formular su acusación de cara al juicio desarrollado en mayo, la representante del Ministerio Público tuvo en cuenta que el implicado ofreció sus contenidos "con número de identificación de usuario, sin ningún tipo de restricción de privacidad y siendo, por tanto, de acceso totalmente público por cualquier usuario de la red social". Es decir, que no lo divulgó a un número reducido de seguidores, sino a cualquier ciudadano que hubiera querido acceder a su página en la citada red social, lo que agrava su presunto comportamiento delictivo. En el escrito de calificación de la fiscal se recogen un total de 17 mensajes de las mencionadas características, que fueron acompañados de imágenes y, en ocasiones, con la invitación a compartir por los receptores de los mismos. En el juicio se escuchó el testimonio del acusado, así como a los investigadores de la Guardia Civil que llevaron el caso y los expertos informáticos del cuerpo de seguridad que analizaron los equipos y publicaciones en la red social. La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al estimar que sí existen argumentos para dictar una sentencia condenatoria en este caso. En su petición a los magistrados, en el caso de que sea condenatoria, también plantea que sean borrados los citados contenidos.