Los socios parlamentarios del Gobierno no ven con buenos ojos que la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del sólo sí es sí, incluya medidas sobre la prostitución, un asunto que consideran que requiere un debate profundo en las Cortes antes de su legislación.

PNV, ERC y JxCAT han trasladado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sus dudas sobre el proyecto planteado por el Gobierno, que pretende perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar el alquiler de locales donde se produce explotación sexual, esto es, la tercería locativa.

La titular de Igualdad ha reconocido en sede parlamentaria que no pretende resolver el debate sobre la prostitución, pero ha aseverado que como ministra no puede "mirar para otro lado" a la hora de proteger a las mujeres explotadas sexualmente que han estado siempre "en los márgenes de lo visible y de las políticas públicas", y de perseguir la impunidad de la industria proxeneta: "Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos", ha solicitado durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad.

Las distintas posturas de los partidos sobre la prostitución, ya sean cercanas a la abolición o a la regulación del "trabajo sexual" voluntario, auguran una compleja negociación parlamentaria de la ley del sólo sí es sí y son varias las formaciones que han mostrado su temor de que este debate empañe y desvirtúe el espíritu general del proyecto para luchar contra la violencia sexual.

El riesgo de romper los acuerdos necesarios

"Creemos que es un error haber empañado una ley que habría suscitado un consenso absoluto con la introducción de dos artículos en el Código Penal derogados en el 95 y traerlos a esta ley, que hubiera sido deseable que hubiera generado toda una cohesión de la izquierda, el centro y que pudiera llegar incluso a una parte de la derecha", ha lamentado la diputada de ERC Pilar Vallugera a Montero en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

"El grueso de la legislación lo queremos llevar adelante, no perdamos la posibilidad porque quizá no se incorpore eso -las medidas relativas a la explotación sexual-, pero sí otras cosas muy valiosas. (...) Busquemos el espacio donde regular la trata", ha solicitado Vallugera.

En el mismo sentido, desde el PNV estiman que esta cuestión merece un profundo debate y no "meter de ladillo una cuestión como esta en la ley de libertad sexual", en palabras del diputado Joseba Andoni Agirretxea: "Creo que vamos a coincidir muchos grupos en que sobra ahí".

Los nacionalistas vascos han exigido humildad a la hora de abordar esta cuestión. "¿Tienen mayoría absoluta acaso? ¿Cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer?", ha preguntado el diputado del PNV.

Frustrados han asegurado estar los miembros de JxCat, que esperaban más debates y que se escuchara a todas las partes afectadas antes de redactar un proyecto de ley que "está claro que va a ser uno de los hitos del Ministerio" y que sin embargo, según Pilar Calvo, niega la libertad de las mujeres que se consideran trabajadoras sexuales y criminaliza su entorno.

"No va a acabar con la prostitución, sino que va a hacer a estas mujeres más vulnerables. (...) Se envía a las prostitutas a la clandestinidad", se ha quejado Calvo.

ERC, JxCat y la CUP han registrado una enmienda para suprimir la modificación del Código Penal relativa a la tercería locativa y el proxenetismo no forzado por entender que "introduce una distorsión con respecto al espíritu de la norma", ya que proclama la libertad sexual y el consentimiento pero al mismo tiempo "agrava la situación -de las prostitutas-, impidiendo el acceso a unos espacios que les garanticen seguridad y llegando al extremo de poner en peligro la propia vivienda, perpetuando las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y estigmatización".

También la sección de En Comú Podem del grupo confederal de Unidas Podemos ha registrado una enmienda en el mismo sentido y Cs reconoce que es un tema espinoso que es necesario abordar con debate y desde el enfoque de los derechos humanos: "No podemos ser hipócritas", ha pedido la diputada Sara Giménez.

Mientras tanto, los socialistas defienden con ahínco el abolicionismo y afirman que la ley de libertad sexual se puede reforzar en lo relativo a la prostitución y la explotación sexual, que creen que ha de lanzar el mensaje de que el poder legislativo rechaza la vulneración de derechos que supone acceder al cuerpo de las mujeres para dominarlo y protege a las mujeres prostituidas, como ha dicho la parlamentaria Laura Berja.

La propia Montero ha reconocido que el proyecto de ley está ya en manos del Congreso, que es quien habrá de negociar sobre estas medidas o incluso tumbarlas: "Este debate había que abordarlo. (...) No sé cuándo va a ser el momento de garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución. No sé si lo voy a conseguir, pero voy a poner todo mi empeño en conseguir un consenso".

"Sé que esta Cámara debe debatir sobre cuáles son las mejores vías para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución y para acabar con la impunidad de la industria proxeneta y erradicar la explotación sexual y la trata, pero también creo que hay un amplio consenso de que es el momento de dejar de mirar para otro lado", ha añadido la ministra.

Un toque de atención sobre la reforma del aborto

El disenso en torno al debate de la prostitución ha sido el tema protagonista de la Comisión de Igualdad este jueves, pero Montero ha recibido otras dos advertencias importantes con respecto a su propuesta de modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

En primer lugar, el PSOE le ha trasladado sólo quiere modificar la ley de 2010 para acabar con la necesidad de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar. El socio de Gobierno de Unidas Podemos quiere incluir otras cuestiones que plantea Igualdad, como la educación sexual, en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Por su parte, el PNV ha alertado de que incluir cuestiones "no consensuadas", como puede ser la violencia obstétrica, en la reforma de la ley del aborto puede erosionar los consensos alcanzados en 2010.

Igualdad espera tener listo su borrador de reforma de esta ley en diciembre.