Comienza la batalla jurídica entre las comunidades autónomas loberas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero, una medida tomada de forma unilateral por el Gobierno de España, mediante orden ministerial de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La Audiencia Nacional, por decreto de 26 de octubre de 2021, ya ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, referido al lobo.

En el mencionado Decreto, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a los servicios jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda.

A su vez, en el Decreto se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la Orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los servicios jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto.

Como señala el director de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con esta impugnación, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco trata de “evitar que se perjudique la situación de los ganaderos, que son la verdadera víctima de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante un régimen excesivo de sobreprotección del lobo, en una Comunidad Autónoma en la que, en el año 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año”.

La Orden perjudica al sector agrario de Castilla y León, una comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51% del peso de la producción agraria en esta tierra, frente al 36% que supone en el resto de España, quince puntos más. Además de su importancia económica, la ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario.

Desde la Junta de Castilla y León recuerdan que la decisión del Estado se tomó sin ningún diálogo con las comunidades especialmente afectadas –Galicia, Asturias, Cantabria, y la propia Castilla y León–, con gobiernos de diferentes signos políticos, y todas ellas se han manifestado en contra de la medida de sobreprotección.

“Con la interposición de este recurso, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no se sitúa en contra del lobo, sino en contra de una Orden que se ha impuesto de forma unilateral y arbitraria por parte del Gobierno de la nación, y que olvida que cualquier medida en este ámbito debe garantizar un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la actividad ganadera”, señalaba ayer un comunicado de la Consejería de la Presidencia.

La postura del Gobierno autonómico de Castilla y León se basa en que las poblaciones de lobos en la comunidad, lejos de estar en riesgo con el modelo de gestión anterior a la Orden ministerial, han experimentado una evolución favorable, pasando de las 125 manadas que existían en 1988 a 175 manadas existentes en 2013.

Antes de la orden ministerial de Teresa Ribera, el lobo era una especie cinegética en España al norte del río Duero, cumpliendo la directiva sobre Hábitats de la Unión Europea. Al sur del río era una especie protegida. Desde el 20 de septiembre, con su inclusión en el listado Lespre, el lobo ibérico pasa a ser una especie protegida en todo el territorio nacional y está prohibida su caza.

La Orden ministerial se apoya en una decisión del Comité Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que salió adelante en segunda votación, con el voto contrario de ocho comunidades autónomas y el voto favorable de otras ocho, un empate resuelto con el voto del Ministerio a favor de su propia propuesta. Las cuatro autonomías que albergan al 95% de los lobos que existen en España votaron en contra de la sobreprotección al lobo, que sí apoyaron regiones en las que no existe el cánido.