El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha suspendido cautelarmente el procedimiento para la adjudicación del concurso de la televisión autonómica 7TV, que estaba previsto para hoy a las 14.00 horas en la consejería de Hacienda, tal y como había adelantado La Opinión, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha adoptado una de las medidas cautelares que había solicitado el grupo murciano TCERO, uno de los aspirantes que se han presentado al concurso, y ha dictado un auto en el que ordena la suspensión del acto público de apertura del sobre número 3 de las ofertas presentadas por los postores, que contiene las propuestas económicas de las cinco empresas que se disputan el contrato de 77,5 millones de euros.
Esta es la última fase del concurso convocado en marzo de 2020, que ha sufrido varios parones a causa de otros recursos anteriores y dado lugar a varias impugnaciones. Desde que el 30 de abril de 2020 expiró la concesión adjudicada a Secuoya hace seis años, esta compañía ha seguido gestionando La 7 con un contrato de urgencia amparado en la normativa del estado de alarma, que también está recurrido en el TSJ.
Se prevé, por tanto, que Secuoya, que es otra de las aspirantes al contrato, siga explotando el canal autonómico mientras que se produce la adjudicación definitiva.
La Mesa de Contratación había convocado a los postores para esta tarde a las 14.00 horas, una vez transcurrido el plazo de dos meses que tenía el segundo comité de expertos constituido por la Consejería de Hacienda para evaluar las ofertas técnicas de las cinco empresas aspirantes.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, había tenido que sustituir al primer comité de expertos nombrado en diciembre de 2020 por su antecesor, Javier Celdrán, porque no llegó a ponerse de acuerdo sobre la forma de puntuar las ofertas presentadas. Ante la falta de consenso, una de sus integrantes presentó su evaluación a través del Registro de la Comunidad y renunció a seguir participando en el proceso.
En septiembre nombró al nuevo comité de expertos y le dio dos meses de plazo para estudiar y evaluar las ofertas técnicas de las cinco empresas aspirantes, que se ha cumplido esta semana. Hoy estaba previsto que se diera a conocer también el dictamen emitido tras estudiar las propuestas recogidas en el sobre número 2.
El tribunal adopta la medida cautelar urgente solicitada por la mercantil Audiovisuales TCERO, una de las compañías que aspiran a la concesión, al amparo del artículo 135.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, esto es, inaudita parte, sin oír a la parte contraria.
El grupo murciano TCERO, que tiene otras reclamaciones presentados en el TSJ a causa de las incidencias que se han sucedido desde la convocatoria del concurso, solicitaba que se suspendiera la apertura del tercer sobre para evitar el riesgo de que se pueda frustrar el fallo de una eventual sentencia estimatoria del recurso presentado contra el procedimiento.
Afirmaba que debía suspenderse el procedimiento de contratación pues si se emite informe de manera colegiada por parte del nuevo comité de expertos y se abre el sobre número 3 por parte de la Mesa de Contratación, “no sería procedente retrotraer las actuaciones al momento de la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor puesto que el contenido de las ofertas sería conocido en su totalidad y lo preceptivo sería cancelar el procedimiento de adjudicación y volver a iniciar uno nuevo, frustrando la finalidad legítima del recurso”.
A la vista de las alegaciones realizadas, tras analizar los criterios legales y jurisprudenciales y realizar una ponderación de intereses, la Sala considera que concurren las circunstancias de urgencia aducidas por la recurrente.
Entiende el tribunal que esta medida de suspensión no tiene por fin garantizar la eficacia de una futura sentencia estimatoria, sino que su finalidad es “salvaguardar el buen desarrollo del procedimiento de contratación”.
Los magistrados explican que aunque el tribunal desconoce “si el nuevo Comité de Expertos ya ha efectuado la valoración correspondiente” y “ciertos datos que podrá aportarnos, en su caso, la Administración”, el fallo de una sentencia sobre el fondo del recurso en la que se declarara no conforme a Derecho la decisión de cesar a los anteriores miembros del Comité de Expertos y que anula el nombramiento de los nuevos miembros “pudiera ser menos lesivo para el procedimiento si todavía no se ha efectuado la apertura del sobre 3”.
“De modo que la media cautelar parece indiciariamente que puede producir el efecto positivo de garantizar el buen devenir del procedimiento de contratación. Ante este escenario, resulta prudente que no se celebre el acto público de apertura del Sobre 3º; y ello sin perjuicio de la decisión que adoptemos una vez oídos los argumentos de la Administración”.
Tras aducir razones de prudencia, los magistrados subrayan que “esta decisión cautelar produce una mínima distorsión en el procedimiento de contratación (supone simplemente diferir el acto público hasta tanto no se decida sobre el mantenimiento o alzamiento de la presente medida) y es sumamente beneficiosa tanto para la Administración como para los licitadores pues garantiza la seguridad en el desarrollo del proceso”.
La Sala concluye que la suspensión “no provoca perjuicios para el interés general” pues el servicio audiovisual se está prestando en la actualidad y “causa evidentes beneficios desde el punto de vista de la salvaguarda de los principios de igualdad de trato y de oportunidades de los licitadores y el principio de transparencia de todas las fases del procedimiento”.
Además de Secuoya y TCERO, las empresas que optan al contrato de 7TV son: Promecal Audiovisuales, que gestiona distintos periódicos y cadenas de televisión, entre ellas la televisión autonómica de Castilla y León; Now Audiovisual, empresa perteneciente al grupo Henneo que gestiona periódicos como el Heraldo de Aragón o el 20minutos; y una unión temporal de empresas entre las que se encuentra la compañía audiovisual vasca Bainet, también NRD, Eurocomunicación y Intercom.
