Tras el silencio por respuesta dado por la Xunta de Galicia ante su reclamación administrativa, los hospitales privados de Galicia acaban de acudir a la vía judicial para reclamar al Sergas una compensación por valor de 13,3 millones de euros por poner a disposición del sistema público de salud todos sus medios personales y técnicos para luchar contra el COVID durante el estado de alarma. Alegan que durante el confinamiento fueron intervenidos por la Administración autonómica y que tuvieron que aplazar o suspender su actividad programada, lo que les reportó pérdidas por las que ahora reclaman una indemnización.
El recurso contencioso-administrativo lo firman diez de los doce hospitales de integraban la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) en su momento y va dirigido contra la Consellería de Sanidade, a la que reclaman los “daños y perjuicios” causados por la intervención de sus centros entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020. A todos se les obligó a ponerse a las órdenes del Sergas para combatir la pandemia y a paralizar su actividad asistencial ordinaria.
El importe reclamado, de 13,3 millones de euros en total, fue calculado por la auditoria KPMG a petición de Ahosgal, pero cada hospital privado solicita una indemnización individualizada. El cómputo se ha determinado en función del lucro cesante, los rendimientos que dejaron de percibir durante el estado de alarma y el daño emergente ocasionado por las medidas adoptadas por la Administración.
Silencio administrativo
Esta asociación sostiene que se ha recurrido a la vía judicial porque el Sergas no dio respuesta a la reclamación administrativa cursada en marzo del pasado año en la que demandaron el abono de los daños causados por la “puesta a disposición” de sus instalaciones durante el estado de alarma que, recuerda, les “obligó a estar a disposición del sistema público de salud con todos sus medios personal y técnicos al completo”, lo que llevó a suspender o aplazar la actividad programada.
Ahosgal censura que el Sergas desestimara su reclamación mediante el “silencio administrativo”, algo que consideran, en este procedimiento, “contrario a derecho”.
“Los hospitales gallegos de gestión privada han apoyado desde el primer momento la decisión de ponerse a disposición del sistema público de salud, así como la reordenación asistencial impuestas a consecuencia de la pandemia, aunque defienden que la administración sanitaria gallega, como autoridad competente en la toma de decisiones, debe indemnizar a las empresas por el sacrificio patrimonial y daños y perjuicios sufridos”, reivindican estos centros hospitalarios privados.
En este sentido, Ahosgal recuerda que han recibido “instrucciones precisas” de la Consellería de Sanidade para” mantener las plantillas al completo y a pleno rendimiento” para estar “a disposición” del sistema público, además de tener que “suspender o aplazar” la actividad de los centros privados, lo que, justifican, “motivó una caída notable de la asistencia normal y sanitaria”.
Asimismo, aseguran que “se les impidió acogerse a ERTE o conceder vacaciones al personal”, una solución a la que, resaltan, “sí han podido acceder empresas de otros sectores económicos”.
Falta de voluntad para dialogar
Por ello, la Asociación de Hospitales de Galicia considera que la reclamación es consecuencia de la “falta de voluntad” de la Consellería de Sanidade para resolver las demandas de estos centros sanitarios, a pesar de los “numerosos esfuerzos” para llegar a un acuerdo.
“Desde la declaración del estado de alarma y después de varias peticiones de diálogo y la reclamación administrativa presentada el mes de marzo de 2021, el consejero de Sanidad mantuvo el pasado mes de agosto una conversación por vídeo conferencia en la que se comprometió a buscar una solución”, alegan.
Sin embargo, lamentan que estos hospitales “no han recibido ninguna propuesta ni antes ni a partir de ese momento”. La asociación recuerda que otras comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra o Canarias han encontrado “soluciones” para esta situación.
De este modo, apunta que, recientemente, el Gobierno de Murcia acordó el pasado 29 de diciembre establecer una “indemnización de carácter excepcional y urgente” para los hospitales privados por la “puesta a disposición” durante la pandemia.
