"Es lo que hay, soy un simpapeles", repite una y otra vez Ibrahima Papa Diouf, un hombre senegalés de 37 años que hace cuatro que vive en Barcelona. Tiene pasaporte y por ley tiene derecho a abrir una cuenta bancaria, pero son ya varias las oficinas que le han dado plantón. Como él cientos de personas sin recursos o sin un empleo estable encuentran enormes dificultades para abrir una cuenta con la que percibir ayudas sociales para salir de la rueda de la exclusión. En la punta del iceberg están los 34 casos anuales que llegan hasta el Banco de España o los 30 que, en los últimos cuatro años han acudido a la Oficina de la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Pero los abogados de varias entidades sociales constatan que se trata de un derecho vulnerado que podría a afectar a centenares o miles de personas.
Acude una vez al mes a una oficina de Correos que, sin quererlo, se ha convertido en su banco. "No tengo otra opción", asume Ibrahima. A pesar de tener pasaporte, no ha logrado abrir una cuenta bancaria y ahora usa una tarjeta de prepago de Correos para poder hacer algunos pagos. Ibrahima trabaja algunos días y los empresarios que le contratan jamás le han querido hacer contrato: prefieren pagarle en metálico. Vive en una habitación realquilada y no ha podido cobrar ninguna ayuda social. "Solo ir al banco de alimentos, porque allí no te tienen que ingresar nada", cuenta. "Es un problema porque hay cosas básicas que no puedo hacer, por ejemplo contratar wifi", dice. Pero asume que es normal. Que tiene menos derechos que el resto. No es cierto.
Derechos pisoteados
En 2019 el Gobierno Central aprobó un Real Decreto que obliga a todas las entidades financiaras que operan en España a facilitar una cuenta bancaria gratuita a todas aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad. Deben adjuntar cierta documentación, como un certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales o las prestaciones sociales que tienen derecho percibir. "La realidad es que es una auténtica odisea poder abrir una cuenta bancaria a una persona en situación de vulnerabilidad. Hace pocos días estuve acompañando un señor de 80 años y un pasaporte en vigor y me dijeron que no tres veces. Con la ley en la mano, y después de una hora y 45 minutos, nos la abrieron", cuenta Sonia Lacalle, abogada de Cáritas en Barcelona. También recuerda casos de familias que necesitaban la cuenta para abonar la beca comedor de los menores en la escuela.
Riesgo a no salir del pozo
El problema es que sin esta cuenta, las oenegés no pueden ayudar económicamente a muchos hogares. Tampoco lo puede hacer la administración, porque no tienen dónde depositar las ayudas sociales. Ocurrió por ejemplo, con las mujeres que trabajaban en prostíbulos y durante la pandemia se quedaron sin empleo. La Generalitat no pudo hacerles ningún ingreso económico para sobrevivir. También lo sufren las víctimas de violencia machista o trata de seres humanos. "Los jueces les reconocen el derecho a cobrar indemnizaciones pero no las pueden percibir porque las no tienen dónde ingresar el dinero. Es que todas las oficinas deberían ayudar a abrir una cuenta porque es un derecho instrumental, permite acceder a otros", explica Rosa Cendón, directora de SICAR-Adoratrius. "El problema es que esto hace muy fácil que puedan recaer a la explotación porque no tiene otra alternativa donde agarrarse", insiste Cendón.
Abusos y comisiones
"Muchas de estas personas no saben que tienen este derecho y tenemos que dedicar una parte importante de nuestro tiempo a acompañarles a hacerlo", asume Lacalle. También lo hace la entidad Arrels, que ayuda a personas sin hogar. "Muchas personas que están en la calle han perdido el DNI y esto impide totalmente poder hacer el trámite", asume Ester Meya, abogada de la entidad, que también detalla otra problemática: los abusos. "Recuerdo una señora que tenía derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Vital pero le encasquetaron un seguro dental. A muchas personas les cobran otros servicios, seguros o comisiones que no deberían, porque estas cuentas deben ser gratuitas", se queja Meya. Una realidad que constatan las demás entidades consultadas. Cendón, por ejemplo, recuerda un caso de una mujer que tubo tres días la cuenta bloqueada porque recibió de forma retroactiva el Ingreso Mínimo. "Esta situación es imperdonable y miserable: les estamos condenando a la exclusión perpetua", añade también Javier Bonomi, presidente de la federación Fedelatina, que se ha encontrado con muchos casos similares.
Discriminación
"Vemos un problema de discriminación por orígen, hay bancos que no permiten a las personas de ciertos países a abrir cuentas bancarias, pero también es un tema de aporofobia, a veces les dicen que no por no tener ingresos, por ser pobres", describe Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía del ayuntamiento de Barcelona. Desde el 2018, la Oficina por la No Discriminación ha detectado 30 casos de discriminación en oficinas bancarias de todo tipo. "Estos son sólo los casos de la OND, pero estamos seguros que el SAIER, los Servicios Sociales o otros servicios municipales saben de más casos: queremos recopilar toda esta información porque esto es sol la punta del iceberg", insiste. Hace unos meses, el ayuntamiento se reunió con el Banco de España para intentar sancionar estas entidades financieras de los 30 casos que les han llegado desde 2018.
El consistorio está recopilando información y siguiendo el procedimiento para poder llegar hasta las sanciones, en caso que fuera necesario. Preguntados por esta cuestión, el Banco de España explica que en 2020 recibieron 34 reclamaciones de personas que les ocurrió esta vulneración de derechos. Y 30 más en 2021. No aclaran si llegaron a sancionar las entidades financieras denunciadas. "Y si lo hubieran hecho... problema sigue siendo el mismo, las personas se quedan igual, sin cuentas ni posibilidad de tener ingresos. Habría que obligarlos a hacer estas cuentas, y a publicitarlas", se queja Lacalle.
