El reglamento general de costas de 2014 tiene fecha de caducidad, ya que el Gobierno está ultimando un nuevo real decreto, del que ya ha publicado un borrador y que ha salido a información pública. Este nuevo reglamento es mucho más restrictivo que el anterior, con criterios más flexibles para revisar las deslindes del litoral que permitirán al Estado incrementar la zona de protección y, por tanto, afectar a edificaciones que hasta ahora quedaban fuera del ámbito de intervención de la legislación de costas. En Asturias hay cientos de casos que pueden verse afectados si el borrador se aprobase tal y como está ahora redactado.
El documento, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, persigue “garantizar que el dominio público marítimo-terrestre sea debidamente protegido para el uso y disfrute públicos y para asegurar su conservación y la protección de sus características naturales”. Para ello, establece que “el plazo máximo de duración de las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre es de 75 años, y que este plazo incluye tanto el inicial como todas sus posibles prórrogas”.
Cuando el Gobierno anterior sacó adelante la norma, según el jefe de la Demarcación de Costas de entonces, Ramón Galán, existían 118 viviendas edificadas en zonas de dominio público de las que la mayor parte correspondían a dos edificios ubicados en Ribadesella y el resto a 21 viviendas unifamiliares. La anterior norma permitió que sus propietarios siguieran disfrutando de ellas, lo que podría ponerse ahora en cuestión.
El plazo máximo de concesiones de los edificios afectados será de 75 años, incluidas las prórrogas
Hay dos aspectos importantes en la norma que pueden afectar a estas edificaciones. Por un lado, el futuro reglamento permite que el dominio público –el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación la concede el Estado mediante una concesión– llegue tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una ola. En la actual norma se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde, lo que restringía las posibilidades de ganar terreno.
El otro criterio que cambia y que puede afectar a las costas asturianas es el que dice que se incluirá casi cualquier duna –formación de arena– como perteneciente al dominio público marítimo terrestre, estén o no fijas por vegetación. En la actual norma hay una serie de excepciones que desaparecen.
La nueva norma señala que “los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado”. Por lo tanto, dejarán de ser propietarios del inmueble. Esa concesión “se otorgará por 75 años, respetando los usos y aprovechamiento existentes”. También afectará esta modificación a “los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, que no excederán los 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano”.
Si se amplía el deslinde hacia el interior, las construcciones existentes en esa área pasarían a ser titularidad del Estado. Eso tiene otras consecuencias, como el desplazamiento tierra adentro de la servidumbre de protección, que es una franja de 20 metros de ancho en suelo urbano y de 100 metros en el resto del territorio.
Esta nueva norma también afecta a los usos que se puedan dar a las edificaciones ya existentes y anteriores a la Ley de Costas que se encuentren en servidumbre de protección. Y es que éstas no podrán cambiar de uso, lo que podría dificultar la rehabilitación de edificaciones situadas en esa zona.
