Las residencias no se han librado del impacto de la sexta ola de coronavirus. Con el mismo ímpetu con el que ha azotado a media España, la variante ómicron también se ha colado en los centros pero, gracias a la vacunas, la protección de los mayores ha sido mucho mayor. En muchos casos están pasando la enfermedad de forma asintomática. En otros, con síntomas muy leves. Lo que más les cuesta, sin embargo, son las medidas que se han vuelto a imponer en muchos centros. Nuevos confinamientos, otra vez visitas restringidas, cese de actividades, mascarilla en todas las instalaciones..."Los síntomas son leves, pero si la sociedad está cansada, ellos mucho más", resume Lourdes Bermejo desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba este miércoles que la sexta ola registra "un descenso suave" en las últimas semanas y mostró su optimismo por una campaña de vacunación que ha permitido que, con una incidencia "siete veces superior" a la registrada en la tercera ola, se haya reducido la letalidad del coronavirus, así como el número de hospitalizaciones, tanto en planta como en las UCI, en proporción al exponencial número de ciudadanos infectados.
Brotes en las residencias
Pese a esa tendencia, mucho más optimista, ómicron también se ha colado en las residencias de mayores. Y es ahora, tras la resaca de los reencuentros y las celebraciones navideñas, cuando varias comunidades han comunicado la sucesión de brotes de contagios en los centros en los últimos días. Sólo en Cataluña, con datos de la Conselleria de Derechos Sociales de este miércoles, un total de 587 centros presentaban algún caso activo de coronavirus entre los residentes, 75 más que en el recuento semanal anterior: 455 residencias de ancianos, 65 centros de personas con discapacidad, 11 centros de salud mental y 56 más de otros recursos residenciales, como centros de infancia y de personas en riesgo de exclusión.
Un total de 4.237 residentes son casos confirmados, el 7,2% del total. En la última semana -del 16 al 22 de enero-, se habían registrado 47 defunciones entre residentes y hubo 158 personas ingresadas en el hospital. Sin embargo, el gobierno catalán considera que, con la variante ómicron, una parte importante de la población es susceptible de infectarse indistintamente de su estado vacunal y, desde este viernes, ha eliminado la exigencia del certificado covid en la restauración, los gimnasios y, precisamente, los centros sociosanitarios.
En otras comunidades, como Madrid, donde según los últimos datos disponibles -del pasado martes- había brotes de coronavirus (tres o más casos) en 131 de las cerca de 500 residencias de ancianos de la región, que afectaban a 2.251 usuarios y trabajadores, en 53 centros las autoridades decidieron que clausuraban visitas y salidas para controlar la situación.
Una gestión desigual
"Si se habla de esta sexta ola, mi principal impresión es la desigual gestión por parte de las diferentes administraciones. Es más, territorios con similar situación epidemiológica, tienen medidas diferentes, incluso en comunidades gobernadas por el mismo partido", asegura a El Periódico de España la vicepresidenta de gerontología de la SEGG, Lourdes Bermejo. Cita regiones donde se testea mucho al personal y a los mayores "muy proactivas en la detección precoz rápida de casos, sobre todo entre los trabajadores y otras menos, que van a rebufo.
Hay autonomías, continúa, que han entregado test de antígenos a los centros y otras "que no han facilitado nada" y donde las propias empresas de dependencia, en pleno desabastecimiento de pruebas rápidas, en la antesala de la Navidad, han tenido que "buscarse la vida". Bermejo habla de "falta de previsión".
La gran incidencia de covid entre los trabajadores ha provocado que muchos centros se queden bajo mínimos
Es el aislamiento al que se vuelven a ver sometidos los mayores, lo que más censura. "Claro que en esta ola hemos estado más tranquilos, porque los casos son mucho menos graves, pero eso no significa que no les afecte. Hay que velar también por sus derechos, que a veces parece que no tienen los mismos". Lourdes Bermejo insiste en la soledad que padecen: "Cuanto más restrictivas las medidas, más aislamiento. Si toda la sociedad está muy cansada, ellos mucho más. No tienen capacidad de control de sus vidas", apostilla.
La representante de la SEGG alude a otro problema que han vivido con la variante ómicron. La gran incidencia de covid entre los trabajadores ha provocado que muchos centros se queden bajo mínimos. Habla de residencias con muy poco personal o que se han visto obligadas a contratar a personal no cualificado para cubrir cuarentenas y bajas laborales. "Eso influye también en la atención a los mayores", indica.
Una afectación mínimo
Impresiones que comparte Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), patronal que representa a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de tele-asistencia. En sus centros, los contagios de covid-19 afectan a un 15% de residentes y trabajadores, nada que ver con lo vivido en las primeras olas, recuerda.
Las consecuencias de la enfermedad, añade, apenas están teniendo impacto en los mayores, la gran mayoría asintomáticos y que, en algunos, casos se han contagiado con la nueva variante incluso estando vacunados con la tercera dosis. Pero remarca: "Gracias a esa dosis la incidencia ha sido mínima, porque funciona".
Sin embargo, en las residencias donde ha habido más contagios, se han visto obligados a confinar a los usuarios en sus habitaciones. "Se te cae el alma a los pies. ¡Bendita normalidad!. ¿Cuándo va a volver?", se pregunta el presidente de la FED quien, en el tema de las visitas, asegura que la mayoría de los centros de la patronal están apelando a la responsabilidad de los familiares, ya que no en todas las comunidades se ha implantado el certificado de vacunación para acceder a las instalaciones como el sector habría deseado.
En ese punto, tanto Lourdes Bermejo como Ignacio Fernández-Cid coinciden: vacunarse debería ser un requisito imprescindible en el caso del personal que trabaja en las residencias. Algo que no sucede en España -donde la vacuna no es obligatoria- y que ambos critican. "Era una obligación moral que se debía haber resuelto. Para los propios residentes es muy difícil de entender que la persona que les cuida no quiera vacunarse. Deberíamos haber sido valientes y obligar a todos los profesionales del sector a que lo hicieran", finaliza Bermejo.
