La Fiscalía General del Estado da un nuevo paso para la protección de los menores huérfanos de la violencia de género: a partir de ahora, los fiscales solicitarán junto a la prisión provisional que se embargue los bienes a los asesinos de los crímenes machistas para evitar que hagan desaparecer su patrimonio y garantizar, de la misma forma, que puedan hacer frente a la indemnización de los hijos de las mujeres víctimas.

En España se han dado casos de homicidas que han maniobrado desde la cárcel para ocultar su patrimonio y evitar así cumplir con su obligación de indemnizar a los niños de la mujer asesinada, vulnerando su derecho a la reparación. Para que esto no se repita, la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha establecido un nuevo criterio orientativo que han de cumplir todos los fiscales: al solicitar prisión provisional del homicida, también se pedirá el embargo de sus bienes.

El criterio, rubricado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fue acordado el pasado noviembre en el seno del XVII Seminario de fiscales delegados en violencia sobre la mujer y su aplicación tiene que ser ya efectiva después de que la Fiscalía haya publicado el documento de sus conclusiones, han informado a El Periódico de España fuentes del ministerio público.

La Fiscalía ha tenido conocimiento, a través del Fondo de Becas Soledad Cazorla, "de las maniobras que los investigados por delito de asesinato y homicidio de sus parejas, padres o no de los hijos de esta, llevan a cabo para hacer desaparecer su patrimonio, mobiliario o inmobiliario, y hacer inefectivo el derecho a la indemnización que le corresponde a los huérfanos/as de la violencia de género, situación que puede hacerse extensiva a otros perjudicados", se explica en el documento.

"Una sirvergonzonada"

Es el caso de un hombre que en 2018 asesinó presuntamente a su mujer y a su suegra y que después prendió fuego a su casa. Desde la cárcel, aún sin juzgar, se deshizo de sus bienes con el apoyo de sus familiares, por lo que cuando reciba la condena no podrá hacer frente a la indemnización patrimonial de sus hijos. Los pequeños tenían 8 y 12 años cuando el padre cometió el crimen.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla -que asiste a menores huérfanos de la violencia machista- ha denunciado este y otros casos en los que el desamparo de los menores por haber perdido a sus madres se acrecienta al verse privados del derecho a la reparación: "Las propias familias no se pueden creer en muchas ocasiones que ese señor -el asesino- vaya a hacer una sinvergonzonada para no responder a las indemnizaciones, pero este tipo de cuestiones se producen", explica a este diario la directora de la Fundación Mujeres y responsable de la secretaría técnica del comité del Fondo de Becas Soledad Cazorla, Marisa Soleto.

Ante estas situaciones, la Fiscalía ha acordado que además de pedir la prisión provisional se requiera al investigado "para que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza".

"Existe un riesgo evidente de alzamiento de bienes y, dado que son menores, hay que procurar que el sistema de protección contemple esa posibilidad", destaca Soleto.

La directora de la Fundación Mujeres indica que no se trata tanto de cambiar la legislación como de que los operadores jurídicos tomen medidas desde el primer momento. De hecho, la instrucción de la Fiscalía se cimenta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 589 establece que cuando haya "indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza".

Esta medida no se adopta más veces, expone Soleto, porque la existencia de un régimen de gananciales "opera en gran medida como una garantía para evitar el alzamiento". Sin embargo, matiza que los agresores pueden tener bienes privativos porque han recibido una herencia, porque tienen un negocio en régimen de separación de bienes... "Hay personas que aprovechan su estancia en prisión para vender un piso que tenían o para deshacerse de un negocio".

La directora de la Fundación Mujeres subraya que el Estado quiere atender a los huérfanos de la violencia de género a través de un sistema de reparación del daño, para ayudarlos a salir cuanto antes de su situación de desamparo y que puedan tener una vida normal, sin embargo, indica que ese sistema "no está a la altura" pues, aunque hay mecanismos legales de protección, su mala aplicación llega a hacer que las personas tengan que enfrentarse a problemas derivados de su condición de víctimas.

Por ello, celebra que la fiscal Peramato haya sido "completamente sensible" a la situación de los huérfanos de la violencia de género y se haya puesto a buscar una solución y a dictar cuál debe ser la respuesta del ministerio público ante esta situación de desprotección. "Está muy bien que la Fiscalía siga explorando la mejor respuesta para la protección de los niños y las niñas víctimas de la violencia de género", concluye.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.