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Aborto

La decisión más difícil y sin paz: en una clínica abortiva

El Congreso de los Diputados ha aprobado considerar delito el acoso ante estos establecimientos, una medida para "poder ejercer el derecho a interrumpir el embarazo de manera libre y tranquila"

Preparación del quirófano para realizar una interrupción de embarazo. Daniel Tortajada

Las persianas de los ventanales están abiertas casi por completo. El sol de mediodía alumbra la calle donde se ubica la clínica. Es miércoles. Uno cualquiera. Frente a los periodistas, la puerta del centro Mediterrània Mèdica, en Valencia. Es una hora tranquila. Una calle tranquila. Hoy no hay nadie esperando a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo en la entrada. Pero ha habido. En varias ocasiones. Algunas asociaciones ultra católicas se plantan ante las clínicas que ejercen el aborto con un objetivo: revertir una decisión de una persona adulta sustentada en un derecho recogido en la legislación española. Con todo lo que eso conlleva.

Palabras, textos y actos. Cirios simulando un velatorio, pancartas con frases de denuncia e incluso agresiones a las clínicas a pedradas (esto último ocurrió en el centro protagonista de este reportaje pero en Castellón). No obstante, el acoso ante los centros abortivos no es tan frecuente en la Comunidad Valenciana como sí lo es en otros territorios. Pero se da. La clínica que visita este diario y otras situadas también en el territorio valenciano han sufrido durante años episodios de este tipo. Ahora, dicen, llevan desde el inicio de la pandemia sin problemas en sus alrededores. El Congreso de los Diputados ha aprobado declarar delito estas prácticas, al considerarlas como un hostigamiento.

De hecho, la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia retiró el pasado mes de enero una campaña de una asociación contra el aborto con el lema 'Rezar frente a las clínicas abortivas está genial', que se había colocado en forma de carteles en varias marquesinas de la ciudad, por fomentar el acoso a las mujeres. El propio cartel advertía que su campaña podría ser cancelada"por la inminente reforma de la ley del Aborto" haciendo, precisamente, referencia a las reformas de la Ley del Aborto y del Código Penal que castigan las concentraciones para acosar a las mujeres frente a las clínicas que realizan estas prácticas.

"Una forma más de violencia de género"

El centro médico está vacío. Ya se ha acabado la actividad matutina y parte de la veintena de trabajadoras (son casi todos mujeres) comienza a recoger. El ambiente es calmado, tranquilo. No hace ni mucho calor ni mucho frío y algunas flores tratan de paliar la esterilidad que de por sí tienen las salas de espera, con sillas preparadas para albergar los temores previos a una intervención —en la mayoría de ocasiones— nueva y desconocida.

Una pareja abandona el centro, él la arropa a ella con su brazo y caminan lento. Volverán al día siguiente para culminar un proceso que, en este caso, sí es doloroso y delicado. La forma en la que las mujeres entran y salen de la clínica depende mucho de cómo lleve cada una la decisión, pero "lo que está claro, es que el acoso es una forma más de violencia de género hacia ellas". Opina Josep Lluís Carbonell, el jefe médico y ginecólogo de Mediterrànea Mèdica.

Practica abortos desde los años ochenta, dice que es un "militante puro y duro" y celebra la decisión del Congreso. "Es un paso importante, han tardado muchos años en garantizar unas condiciones de tranquilidad para la mujer cuando decide abortar". Con todo, dice que la Comunidad Valenciana es "una excepción". Hay acoso, "pero los mal llamados grupos provida están menos activos aquí que en otras comunidades como Madrid" y el sistema sanitario es más "liberal". Todo el equipo (en el que hay especialistas de diferentes ámbitos, incluido el apoyo psicológico si es necesario) está sensibilizado con la importancia de comprender, acompañar y apoyar a las mujeres que acuden al centro a tomar una de las decisiones "más difíciles de su vida", definen. Esa es la máxima. La base.

Lo primero a tener en cuenta a la hora de atender a cualquier paciente que llame por teléfono o cruce la puerta. ¿Qué necesitan las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo? "Hay que tener claro que este no es un acto sanitario más, es un ejercicio de un derecho que tiene que darse en unas condiciones específicas, una acogida cálida, que las pacientes se sientan bien, acompañadas, comprendidas y tranquilas", añade. Respetar, ante todo, la decisión de la mujer.

Unas condiciones que se alteran por completo si antes de entrar hay un grupo de personas recriminando su decisión. "Cuando eso ocurre, las pacientes entran mal, acusadas de asesinas. Y es un paso delicado para toda mujer. Ninguna aborta por gusto, acarrea muchos sentimientos que llevan por dentro y reconocerse recriminadas les afecta anímicamente a la hora de consumar el proceso decidido con una reflexión personal. Este acoso es inaceptable", sentencia. Por lo general, dice el facultativo, en la actualidad las mujeres acuden a la clínica tranquilas. Conscientes de lo que han decidido en un proceso meditado.

Una clínica de Valencia. Daniel Tortajada

Interrupción por libre voluntad, en 2010

La ley del aborto tuvo su primera aparición en España en 1937. La ministra Federica Montseny trató de impulsar un proyecto de ley de aborto seguro durante la Guerra Civil, tras un primer movimiento a favor de la interrupción en Cataluña. Con la llegada de la dictadura, no se otorgarían concesiones para la interrupción del embarazo hasta 1985. La ley aprobada entonces solo se aplicaba a situaciones de riesgo para el bebé o la madre, malformaciones o embarazos por violaciones. El resto de casos eran susceptibles de ser castigados con penas de prisión para la mujer y la persona facultativa. Aunque fue un avance, no contemplaba el derecho a un aborto voluntario hasta las catorce semanas de gestación.

En 2010, con la reforma de la ley, se aprobó la interrupción del embarazo por libre voluntad de la mujer hasta las catorce semanas de gestación, un tiempo que se amplía a las veintidós en casos de malformaciones, riesgos u otros supuestos y más allá de la semana veintidós (sin límite) cuando exista una patología fetal incompatible con la vida y tras la aprobación de un comité médico. Fue la reforma "más importante hasta el momento", pues permite abortar por libre elección, de forma voluntaria, meditada.

La clínica que visita Levante-EMV era hasta hace poco la única privada autorizada para realizar abortos de riesgo, más allá de las veintidós semanas. "Con la primera ley del aborto (la de 1985), las pacientes venían asustadas, se pensaban que todavía era ilegal y tenían miedo de no poder tener hijos después o de que la intervención les dejara secuelas de por vida. Ahora ese concepto ha desaparecido, las mujeres vienen más tranquilas a e informadas, lo tienen más claro que antes". La razón, según Carbonell, es que "la ley ha normalizado el aborto, ahora somos un país normal".

¿Existe un perfil de mujeres que deciden interrumpir su embarazo? Comenta Carbonell que las mujeres que acuden a abortar son, en su mayoría, jóvenes de entre 19 y 25 años, "es lo más frecuente", aunque también hay casos de mujeres que se acercan a la menopausia y ya tienen hijos mayores y de "mujeres de treinta y pico años que no tienen hijos, pero tampoco quieren". La conselleria detalla en su informe de 2020 que la edad media fue de 29,1 años aunque el grupo de edad con la tasa más alta fue de 20 a 24 años. Añade el doctor que la Planificación Familiar es muy buena en España. Sumado a que "las españolas son las que menos hijos tienen", los abortos "han bajado considerablemente en los últimos cinco años". Además, añade, la pandemia ha hecho que se contuvieran todavía más.

La clínica que visita Levante-EMV es privada, aunque también recibe, a través de un acuerdo con la Generalitat, pacientes derivadas de los centros sanitarios públicos, lo que la convierte en un servicio concertado, como dice el doctor. El centro también ejecuta las interrupciones de embarazo voluntarias antes de las catorce semanas de manera privada, de pago, de la misma forma que se pueden consumar en el sistema público de forma gratuita, aunque en este último caso, "hay pocos hospitales que realicen voluntarios".

Según el doctor Carbonell, aproximadamente el 10% de los abortos se realizan en la red pública. Y no se aleja de los datos oficiales. Según los publicados por la Conselleria de Sanidad, en 2020, el 91,6% de las IVE fueron realizadas en centros privados y el 8,4% en centros públicos, porcentaje similar al año anterior. El área autonómica financió, a cargo de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad (interrupciones realizadas en centros públicos y concertadas en centros privados), un 70,4% de todas las practicadas.

Objeción al procedimiento

Esto ocurre, en parte, porque, aunque la mayoría de la comunidad sanitaria es respetuosa con este procedimiento, hay facultativos del sistema público de salud ("más de uno", matiza Carbonell) que no están de acuerdo con el aborto, lo que provoca que en algunos centros públicos no sea posible realizarlos o que algunos profesionales adopten "una actitud crítica" ante las pacientes. "Las malas caras o malos comentarios son la consecuencia de una objeción al procedimiento", comenta. Defiende que los centros dedicados a este tipo de intervenciones proporcionan el ambiente cálido y de comprensión "necesario para que una mujer pueda ejercer su derecho con tranquilidad". Eso sí, pagando.

"Somos una actividad económica, pero hay prácticas de todo tipo en cuanto al objetivo principal, el nuestro es el ejercicio de un derecho en condiciones para que la mujer se sienta tranquila y comprendida". Acosar a las pacientes en las puertas de las clínicas será considerado un delito. Algo dice que el Código Penal haya tenido que ser necesario para el cumplimiento de un derecho con libertad.

Carbonell explica cómo antes de la legalización del aborto las mujeres se organizaban para interrumpir su embarazo. "Nos reuníamos en la plaza del Virgen con un periódico bajo el brazo, una de ellas ponía su casa y realizábamos los abortos en las cocinas (‘les cuines’), pues es donde había un grifo con agua más a mano", dice el médico. Su maletín, lleno de todo tipo de material médico para llevar a cabo el aborto, era completo y "pesaba mucho". Las prácticas, entonces ilegales, le valieron más de un susto. Estuvo a punto de entrar preso o quedarse sin potestad para ejercer. Sobre todo cuando ayudó a dar con la fórmula farmacológica para interrumpir la gestación en pastilla. "Era ilegal pero vieron que funcionaba". Pero esa ya es otra historia.

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