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Iglesia

Las víctimas de abusos reciben con "desconfianza" la auditoría propuesta por el episcopado

Activistas como Alejandro Palomas, Manuel Barbero, Miguel Hurtado o Vicki Bernadet no creen que sea la solución y se preguntan si el examen propuesto excluye a las órdenes religiosas

Sofía Castañón y Jaume Asens, junto a víctimas de abusos sexuales frente al Congreso.

La noticia de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) va a encargar al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, un bufete de abogados cercano a los obispos, una auditoría sobre los abusos sexuales ha cogido desprevenidas a las víctimas. O, por lo menos, a varias de las que pueden ejercer de portavoces de un colectivo –el que forman las personas que han sufrido la pederastia de sacerdotes de la Iglesia– que está disperso por todo el territorio español y que, en su inmensa mayoría, permanece en silencio y en el anonimato.

"Que se mueva es bueno, es importante, significa que ha comprendido que tienen que hacer algo", razona en alusión al episcopado Alejandro Palomas, escritor que sufrió abusos sexuales durante su escolarización en el colegio de La Salle Premià de Mar por parte del hermano Jesús Linares. Pero las víctimas no abandonarán tan fácilmente “la desconfianza” hacia una institución que ha tratado durante años de encubrir la pederastia que ha crecido entre sus muros, dando la espalda a los menores que la padecían para que no salpicara el prestigio de la organización. En el mismo sentido, Vicki Bernadet, presidenta de la fundación que lleva su nombre y que es la más antigua en Cataluña que acompaña a personas agredidas sexualmente en su infancia en Cataluña, no ve con buenos ojos que los letrados elegidos por la conferencia sean tan cercanos a la Iglesia. Aunque Bernadet subraya que respaldará cualquier movimiento que vaya en la dirección de reparar a las víctimas lamenta, como Palomas, que las iniciativas que se están tomando en las últimas semanas podrían acabar desperdiciando la oportunidad de investigar de verdad, y a fondo, todos los casos de abusos. “Queremos una comisión independiente, liderada por expertos y que escuche a todas las víctimas dispuestas a hablar”, explican tanto Bernadet como Palomas.

¿Y las órdenes religiosas?

Manuel Barbero, padre del primer denunciante del Caso Maristas, ha llamado la atención sobre un punto esencial del anuncio de la Conferencia Episcopal Española que no ha quedado aclarado: ¿La auditoría que hará el bufete incluye a las órdenes religiosas?, pregunta. La mayoría de escándalos de pederastia destapados en España durante los últimos años han sido en órdenes religiosas como la de los Maristas, los Jesuitas o, la más reciente, de La Salle.

Miguel Hurtado, portavoz en España de la organización internacional End Clergy Abuse (ECA), además de poner el foco sobre la misma duda que Barbero, recordando que "la epidemia de abusos" se centra en estas órdenes religiosas que han tutelado miles de colegios a lo largo y ancho de la geografía española durante décadas, también recuerda que las diócesis son organismos con un alto grado de autonomía. Y cada diócesis puede decidir si acepta o no participar de la auditoría que va a efectuar el bufete elegido por la conferencia. "No sabemos el grado de aceptación que existe entre las diócesis", dice Hurtado señalando que si estas se oponen el anuncio de la conferencia no tendría ningún recorrido.

El presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo es el abogado Javier Cremades, preside también la Fundación Madrid Vivo, que se define como "un puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid", ha explicado este diario. El pasado abril, la Iglesia española cifró en 220 los casos de abusos en las últimas dos décadas, una cifra que palidece en comparación, por ejemplo, con el informe impulsado por los prelados franceses, que en octubre, tras dos años y medio de trabajo, estimaron en un informe que desde 1950 hasta 2020 fueron abusados 216.000 menores en el país vecino. 

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