La Consejería de Sanidad ha aceptado indemnizar con 139.000 euros a una paciente del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva a la que se le tuvo que practicar una histerectomía de urgencia (un procedimiento quirúrgico para extraer el útero) al no detectársele a tiempo una hemorragia posparto originada tras una cesárea.
Una vez revisado el caso, el servicio de inspección sanitaria concluyó que se produjo "un mal funcionamiento" de la asistencia sanitaria que derivó en daños irreparables para la parturienta. A mediados de 2021, la demandante fue declarada en situación de incapacidad laboral permanente. A las lesiones y secuelas sufridas se le sumaba un cuadro de trastorno depresivo persistente diagnosticado por un especialista en psiquiatría. Por eso, su representante reclamó ante Sanidad una indemnización de 367.765 euros, basándose en los informes clínicos y en otro informe de valoración de daños corporales suscrito por dos facultativos.
Dada la cuantía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, la consejería remitió el expediente al Consell Jurídic Consultiu (CJC), que más recientemente ha coincidido con la compensación cuantificada por la administración autonómica, un 62 % inferior a la exigida. A juicio del organismo consultivo, la posición defendida por los servicios sanitarios es «más precisa y ajustada a la realidad» en cuanto a la valoración económica de las lesiones.
La paciente ingresó en urgencias de maternidad del Alcanyís en octubre de 2013 para que se le practicara una cesárea por la sospecha de una desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre. La intervención fue larga y complicada. Estando ya en planta, la parturienta comenzó a sufrir un intenso dolor abdominal, pero el retraso en el diagnóstico de una hemorragia posparto desembocó en una histerectomía de urgencia que evolucionó con complicaciones y secuelas, debido a una perforación vesical y luego una fístula, según se desprende del expediente administrativo.
Archivo de la causa judicial
El procedimiento indemnizatorio quedó paralizado en enero de 2015, cuando el juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva abrió diligencias previas para determinar si cabía depurar responsabilidades penales por un posible delito de imprudencia y negligencia tras los hechos. Cinco años más tarde, en septiembre de 2020, la administración autonómica retomó la tramitación del caso a petición del abogado de la demandante, después de que el órgano judicial acordara el archivo provisional de la denuncia interpuesta. Un año después, la Comisión de Valoración del Daño Corporal emitió un informe según el cual el retraso en diagnosticar la hemorragia supuso para la paciente perder un 90 % de las oportunidades que tenía de haber podido seguir un tratamiento conservador y de haber evitado la histerectomía. La operación le produjo secuelas funcionales y estéticas y le obligó a pasar 22 días hospitalizada y 461 de baja impeditiva, a los que la comisión sumó los riesgos quirúrgicos a los que se tuvo que enfrentar a la hora de valorar los daños experimentados.
Frente a este informe, la representación de la agraviada se ratificó en sus argumentos para defender la cantidad reclamada inicialmente a la consejería.
