Susana contra Goliat. Así podría resumirse la dura batalla que libra una funcionaria judicial de Vigo. Decidió no callarse cuando el término de violencia obstétrica aún no estaba extendido. Tras la intervención en su primer parto provocado en el hospital público de Lugo en 2009, estuvo veinticuatro meses con terapia por estrés postraumático –tenía sueños recurrentes y flashback– y algunos de fisioterapia para recuperarse de un corte en los genitales realizado sin su permiso. “No me pidieron consentimiento para nada: ni para ponerme la oxitocina sintética, ni para la episiotomía o la retirada manual de la placenta”. Además del trauma físico y mental por lo sucedido durante las doce horas en las que indujeron la llegada al mundo de su pequeña, esta abogada que hoy tiene 45 años lamenta la separación del bebé.
“La niña acabaría ingresada en la unidad de Neonatología por una infección adquirida durante los más de diez tactos vaginales a los que fue sometida”, añadía su representante legal y directora jurídica del Observatorio de la Violencia Obstétrica, Francisca Fernández Guillén.
Tras un largo periplo judicial, que la llevó a realizar desde una reclamación administrativa –“que nunca fue contestada” a nivel sanitario– a otra en el comité de Bioética del hospital, con idéntico resultado, no se amilanó. Pidió su historia clínica y, ante la respuesta con un documento en blanco, reiteró la petición con una orden judicial. Ahí tuvo acceso a un documento de varias decenas de páginas. Ya tenía, al menos, papeles. Fracasó en un juicio contencioso en 2015, pero tampoco bajó los brazos. Recurrió al TSXG e incluso al Tribunal Constitucional. Ninguno le dio la razón ni estimó que hubo maltrato durante el parto, pero tampoco la condenaron en costas. Quien sí lo apreció, en 2020, fue la ONU. Nada menos.
Susana F.M. se convertía en noticia en el arranque de esta década por una resolución pionera: expertos de un comité de Naciones Unidas pedían “reparar el daño en la salud física y psicológica” de esta gallega, que sufrió “intervenciones médicas e inducción innecesarias” en Lugo. Faro se hacía eco de la información aunque cumplía con la petición expresa de que el nombre de pila usado por Susana, aún afectada moralmente, fuera Sandra.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ‘condenaba’ a España por su actuación durante el alumbramiento de Susana, hace ahora 13 años. Entre otras malas prácticas, aludían a “la inducción al parto sin aparente justificación”. Algo, por otra parte, bastante extendido en esas fechas.
El Sergas mejoró mucho desde entonces la atención e incluso incluyó protocolos de buenas prácticas. Es sabido y notorio. Pero el Gobierno de España argumenta en esa mejora –y también en la de los protocolos para la violencia de género– que “ha cumplido con las recomendaciones del comité”. Por ello, solicitó el archivo definitivo de la comunicación que había emitido la ONU. Además, el Ministerio de Justicia se acogía a las sentencias desfavorables dictadas en España hacía siete años para negar la restauración a la gallega.
Pero los dos años de silencio por parte del Ministerio de Justicia no han servido para callar a esta ‘hormiga guerrera’ asentada en Vigo. Susana F.M. –y su letrada– no entienden por qué nadie ha hecho caso a una de las principales recomendaciones del alto comité, a pesar de que “debería habernos indemnizado inicialmente la Administración central o, en su defecto, la Administración de Justicia cuando acudí a ella”.
Para Susana “fallaron los dos”. Y esa era la clave de la resolución ONU: que los poderes político y judicial españoles no vieron en mi caso graves estereotipos de género”. Textualmente, la resolución decía que “la paciente se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial en España” y también se instaba a una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica. En aquel momento, sus facturas en profesionales ascendían a unos 5.000 euros.
Y otra vez se niega a rendirse. Valora que librará la batalla, “porque dejarlo así me parece injusto”.
Esta afectada por violencia obstétrica recurrirá al Tribunal Supremo. Eso, aunque valora que su fracaso, si le cargan las costas, podría ascender a unos 10.000 euros. En la reclamación patrimonial al Estado –por fallo en su función de protección de los derechos fundamentales– la gallega le reclama 145.130 euros (la primera reclamación patrimonial fue de unos 60.000 euros). Lo que, sin duda, no tiene débil Susana es el tendón de Aquiles.
“Es ‘injusticia epistémica’; como si no escuchasen mi voz”
“Es como si habláramos un idioma distinto; recordé el concepto de ‘injusticia epistémica’ porque es curioso que el comité de la ONU perciba que sí hay vulneración de derechos, cuando aquí no lo percibían, ni lo tramitaron”, reclama. Además de incluir la recomendación de indemnizar a Susana, la resolución de la ONU apremiaba al gobierno español a mejorar en estos puntos: “Asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada, en consonancia con la recomendación general [...] sobre la mujer y la salud; en particular, proporcionar a la mujer información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre y/ o del bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva”. Pero también le llamaba a “realizar estudios sobre la violencia obstétrica en el Estado que permitan visibilizar la situación y así orientar las políticas públicas de lucha contra dicha violencia” y “proporcionar capacitación profesional adecuada a los trabajadores obstétricos y otros trabajadores de la salud en materia de derechos de salud reproductiva de la mujer”. No solo eso, sino “asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos de salud reproductiva de la mujer hayan sido violados, incluido en casos de violencia obstétrica, y proporcionar capacitación al personal judicial y al personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley”.
