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El Periódico Mediterráneo

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Tercera edad

El Gobierno plantea reformar las residencias: 90 plazas máximo y 35% de cuartos privados

En los nuevos geriátricos las habitaciones individuales deberán ser como mínimo el 65% | La Xunta ve el modelo “inasumible” y denuncia que habrá menos camas y más caras

Una residencia de mayores en la provincia de Lugo.

El Gobierno negocia con las comunidades un acuerdo de mínimos sobre los requisitos que deberán cumplir las residencias de mayores en todo el territorio, no solo las nuevas que se construyan a partir de ahora sino las que están ya actualmente en funcionamiento. De hecho, la propuesta que está ahora sobre la mesa obligaría a los actuales centros de mayores a acometer importantes reformas para adaptarse a la nueva norma. El Ministerio de Derechos Sociales plantea limitar el número de plazas por geriátrico a 90. Además los establecimientos que ya están abiertos deberán remodelar un 35 por ciento de sus habitaciones para que sean individuales. Si son centros de nueva creación esta exigencia se eleva al 65 por ciento. La Xunta de Galicia ve la propuesta “inasumible”. Advierte que cualquier reforma que imponga el Estado debe venir acompañada de “una memoria económica” y ser “accesible”. Y, a su juicio, la propuesta estatal implicaría suprimir plazas de mayores y encarecerlas: “Es un modelo de residencias para ricos”.

La vulnerabilidad de los centros de mayores quedó al descubierto con la pandemia de covid y obligó a replantearse el actual modelo de residencias. Por un lado, la Xunta prepara una reforma que plantea que los geriátricos no superen las 150 plazas, aunque este requisito sería aplicable solo a los establecimientos que se construyan a partir de ahora, y que se estructuren en módulos de convivencia de 25 personas. Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto sobre la mesa una reforma mucho más ambiciosa que pretende consensuar con las comunidades autónomas.

Se trata de establecer “unos requisitos mínimos comunes” que deberán cumplir las administraciones autonómicas y que serán aplicables no solo a las residencias públicas sino también a las de titularidad privada.

Según la propuesta ministerial, los centros residenciales deben estar ubicados en suelo urbano y se debe garantizar a los usuarios “el acceso y la proximidad a los espacios de actividad social y comunitaria”. Si la residencia ya estuviera en funcionamiento y se encontrase fuera de suelo urbano “se deberá garantizar la comunicación” mediante transporte público próximo al inmueble o mediante medios de transporte próximos que permitan el acceso de los mayores al vecindario y a los servicios.

Además advierte que no se podrán acreditar nuevas residencias cuando superen las 90 plazas –en un primer borrador hablaban de 50, pero han flexibilizado este requisito–.

¿Y qué pasa con las residencias que ya están en funcionamiento? También deberán cumplir este tope de 90 plazas. Para ello deberán presentar un plan de adecuación que consista en “sectorializar” de forma totalmente independiente sus instalaciones, es decir, dividir el centro con dos entradas diferentes, dos cocinas, dos comedores distintos, dos recepciones etc, o bien reducir paulatinamente el número de plazas “preferentemente” a través de la reconversión de habitaciones de uso colectivo a individual.

Dentro del centro, según la propuesta estatal, los mayores se organizarán en módulos de convivencia “estables” de 15 personas. El personal que atienda a estos mayores debe tener una estabilidad y se evitarán las continuas rotaciones de trabajadores. Se permitirá la personalización de las habitaciones, de manera que los centros acreditados permitan la incorporación de mobiliario y enseres personales, con excepción de la cama que deberá ser dotación del geriátrico.

Por otro lado, se deberán limitar al máximo las sujeciones y se facilitará que las personas residentes reciban visitas de familiares y allegados cuando lo deseen y que éstas puedan acceder a cualquier espacio o zona del centro siempre que no dificulten el trabajo o afecten a la intimidad de otros mayores.

Desde la Consellería de Política Social se muestran molestos con la propuesta y advierten que, en todo caso, la competencia sobre las residencias de mayores es autonómica. Advierten que, sobre el papel, el plan del Gobierno es “ideal”, pero “inasumible”.

“Cualquier propuesta debe venir acompañada de financiación y en este caso carece de memoria económica”, denuncian desde el departamento de Fabiola García.

Además alertan de que si se limita a 90 el máximo de mayores que pueden acoger las residencias actuales eso obligaría a “destruir plazas”. “No quedaría más remedio. Habría gente que perdería su plaza”, insisten desde la Xunta.

Por eso consideran que los requisitos que quiere imponer el Gobierno “no son viables ni realistas”. “Es una propuesta hecha sin tener los pies en la tierra”, aseguran fuentes de la consellería.

Desde la Asociación Gallega de Residencias Privadas de la Tercera Edad (AGARTE) también están preocupados por la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales. Advierten de que si se limita el número de plazas por residencia se dejarán de construir nuevos centros de mayores porque dejarán de ser rentables.

Un cuidador por cada dos mayores

Las residencias deberán incrementar notablemente sus plantillas si prospera la reforma del modelo de residencias que plantea el Gobierno. Si ahora en Galicia la ratio de personal estaba en 0,35, es decir, en un cuidador por cada tres mayores, la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales es ampliarla a 0,5, lo que supondría que cada centro debería contar con al menos un trabajador por cada dos mayores.

Pero no se les pedirá a los geriátricos que incrementen sus plantillas de golpe, sino que se les ofrece de plazo hasta 2027. Y se da margen a las comunidades a que rebajen esta ratio en caso de que se trate de centros de mayores dirigidos a personas no dependientes.

La Xunta advierte de que este tipo de requisitos que obligan a contratar más personal supondrá incrementar el precio de la plaza. “Este modelo va a ser más caro y con menos plazas. Serán residencias para gente rica”, denuncian desde la Consellería de Política Social. Entre las exigencias que contempla el borrador que negocia el Gobierno con las comunidades, se incluye reforzar la inspección y el control de las residencias para lo cual las administraciones autonómicas deberán contar con al menos un inspector por cada 30 centros de atención residencial acreditados.

En cuanto al personal sanitario el Gobierno propone que cuando un centro residencial supere las 30 plazas deberá contar con al menos un personal sanitario a jornada completa y que su número se ampliará por cada 30 residentes.

El plan del Ministerio de Derechos Sociales fija incluso límites a la temporalidad y la parcialidad en las contrataciones. Según el último borrador, los contratos temporales no podrán superar en una residencia el 20 por ciento del total de la plantilla. Si se trata de centros de día o del servicio de ayuda al hogar la eventualidad nunca será superior al 33 por ciento. Y el caso de los trabajadores a tiempo parcial el límite será del 30 por ciento. Por último, se obligará al personal de las residencias a contar con una acreditación y con la debida formación para seguir trabajando.

Flexibilizar horarios

Además de las residencias, el Gobierno busca con las comunidades fijar también unos requisitos mínimos para el funcionamiento de los centros de día. La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales es que abran todos los días laborables entre las ocho y las veinte horas, con una duración mínima de seis horas diarias. Sin embargo, estos horarios se podrán flexibilizar y personalizar las posibilidades de utilización del centro de día. Esto significa que además de la atención en horario diario completo podrán existir otras opciones de uso. Así, por ejemplo, un mayor podrá acudir al centro solo determinados días a la semana.

También podrá usar el centro algunas horas al día y no durante toda la jornada. Para garantizar la calidad en la atención tanto en centros de día como en residencias se establecerán sistemas de evaluación, en los que se medirá el proceso de acogimiento de los nuevos residentes, que los espacios personales y de convivencia sean accesibles, que se evite la sobremedicación o que se minimicen las rotaciones de personal.

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