Todos los menores de seis años tutelados deberán vivir con familias de acogida en 2025

"La mejor forma de proteger a las niñas vulnerables de las redes de explotación que las buscan y captan en los centros de protección es permitiendo que crezcan en familias o en recursos pequeños, flexibles y que permiten un seguimiento personalizado". En base a esta premisa y en respuesta a las redes de prostitución desarticuladas en Madrid o Baleares, el Gobierno y las comunidades han aprobado este jueves un plan de acción contra la explotación sexual en el sistema público que contempla que, a partir de 2025, ningún menor de seis años en situación de guarda o tutela por las entidades públicas viva en un recurso residencial. Y antes de 2031, ningún menor de 10 años vivirá en una residencia.

Para lograrlo, el plan contempla que el Ministerio de Derechos Sociales elaborará un estudio sobre los "cuellos de botella" que impiden el despliegue del acogimiento familiar, que incluya pautas para llevar a cabo los cambios oportunos. Asimismo, se harán campañas de sensibilización para que más familias se presten voluntarias para acoger y se pondrán en marcha modelos de intervención estandarizados para "reducir las declaraciones de desamparo".

Según los últimos datos disponibles, 35.883 menores estaban en 2020 bajo la guardia y tutela del sistema público. El 53% en acogimiento familiar y el 47% en residencias. La ley del menor, aprobada en el 2015, estableció que, de forma prioritaria, en casos de violencia y desprotección, los servicios sociales deben procurar la permanencia de los niños afectados en sus familias de origen y, si no es posible, en un régimen de acogida con familias voluntarias, dado que se considera que el entorno familiar es "esencial en el desarrollo de la infancia", siempre que no haya violencia, según contempla el plan.

El quinto país de la UE

Sin embargo, pese a la aprobación de la ley, el número de menores en centros residenciales se ha incrementado, al pasar del 41,5% en el 2014 al 47% en el 2020. Por ello, España es el quinto país de la UE con mayor porcentaje de niños tutelados que viven en un recurso residencial, lo que en parte se debe a que a partir de 2017 ha sido constante la llegada de menores no acompañados procedentes de otros países.

Aunque la mayoría de los menores en acogimiento residencial tiene entre 15 y 17 años (el 56%), 1.177 menores de seis años vivían en residencias en 2020, a los que hay sumar otros casi 2.000 de entre 7 y 10 años. Y muchos de ellos no abandonan el centro residencial hasta que cumplen 18 años, por lo que pasan buena parte de su infancia alejados de una familia y por eso el plan ha puesto el foco en ellos.

Las causas

La estrategia aprobada analiza además las causas que favorecen que en las residencias de menores se produzcan delitos sexuales: "Los abusadores encuentran más sencillo explotar a esta infancia que a otras niñas y niños porque, por un lado, padecen una doble vulnerabilidad, psicológica y económica, y, por otro, porque persisten algunas características a mejorar en el sistema, como puede ser la poca intensidad de la atención psicológica para la reparación del daño; el alto porcentaje de niños y niñas en acogimiento residencial o la existencia -aunque minoritaria- de residencias grandes". Asimismo, se ha detectado una "deficiente perspectiva de género" en las intervenciones públicas.

Para corregir estos problemas, el plan marca que, a corto plazo, se formará en prevención y detección de estos delitos a los trabajadores de los centros residenciales. Además, se elaborará un "protocolo armonizado" con acciones específicas para evitar e intervenir en estos casos, que conecte a todas las administraciones, que irá acompañado de una "guía común de actuación" para la detección, notificación y derivación a servicios especializados que deberán estar puestos en marcha en el primer semestre de este año.

"Es una buenísima noticia que en este país, dados los tiempos que corren que cuestionan la violencia de género, se haya firmado un acuerdo por unanimidad. Sigue habiendo acuerdo institucional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres", ha destacado tras la firma del acuerdo la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, acompañada del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.