El turismo de lujo con propiedades en Mallorca quiere mejorar la movilidad para llegar a sus impresionantes fincas en plena montaña mallorquina. Algunos propietarios extranjeros con propiedades en la isla se está apuntando a la moda de querer tener junto a sus casas un helipuerto para desplazarse en helicóptero.
En estos momentos, el ministerio de Transición Ecológica tiene sobre la mesa evaluar ambientalmente a dos proyectos de helipuerto en Andratx, uno en Son Orlandios y otro en sa Muntanya. Asimismo, ya se ha autorizado un helipuerto en una finca de Artà situada cerca de Es Canons y un cuarto, también en Artà, que todavía no ha llegado a su evaluación ambiental pero se sabe que ha entrado en las oficinas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo que controla las operaciones de tráfico aéreo. Al depender la licencia de un organismo estatal debe ser el ministerio de Transición Ecológica quien efectúe la evaluación ambiental. El Govern solo puede dar su punto de vista sin que sea vinculante.
De todas formas, la Comisión Balear de Medio Ambiente que dirige Antoni Alorda en dos de ellos ya ha emitido documento informativo al respecto que ha sido remitido al Ministerio. El informe del Govern advierte de que el Plan Territorial de Mallorca, desde el punto de vista de normativa urbanística, "no contempla este tipo de instalaciones al ubicarse en una Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) también contemplada por la Ley de Espacios Naturales (LEN)".
Todos los proyectos están promovidos por empresarios de origen extranjero con propiedades en Mallorca. Tienen sus residencias en fincas agrícolas en plena montaña y por este motivo pretenden contar con un servicio de transporte aéreo que les permita moverse de forma rápida para salir de la finca. Éste no es otro que el helicóptero.
Son Orlandis
Hace unas semanas el grupo ecologista GOB alertaba de esta moda de los helipuertos y ponía especial énfasis en el proyecto de Son Orlandis en el Port d’Andratx. El promotor es el financiero británico Paul Rothschild, propietario de la finca de Son Orlandis situada en plenas montañas del Port d’Andratx. El proyecto pretende la creación de una pista de aterrizaje por helicóptero junto a la finca rústica de Andratx (zona de Son Orlandis) de 4,4 hectáreas y cerca de 800 metros cuadrados edificados. En el proyecto se justifica la necesidad del helipuerto para evacuar a los inquilinos en caso de emergencia. Argumentan dificultad de acceso de vehículos de emergencias hasta las casas al existir un camino muy estrecho.
De igual modo, proponen ofrecer la instalación para los equipos de emergencia, como es el caso de helicópteros contra incendios, bomberos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad. Este ofrecimiento es un requisito esencial para que AESA les apruebe el proyecto y para que Transición Ecológica les dé el visto bueno a la evaluación ambiental de la instalación para el despeje y aterrizaje de helicópteros.
Según el GOB, existe un acceso rodado en condiciones. Por ello, desde el grupo ecologista mantienen que "es evidente que la motivación del proyecto no es otra que la construcción de un helipuerto para uso privado". "De hecho, el análisis de impacto se ha realizado sobre una previsión de hasta 208 operaciones anuales, algo que evidentemente nada tiene que ver con un uso excepcional por emergencia", añadieron.
La Comisión Balear de Medio Ambiente, en su informe enviado al ministerio de Transición Ecológica sobre este helipuerto, apunta que "la ubicación del proyecto se encuentra próxima al hábitat de interés comunitario vegetal" y que no se permite el vuelo de aeronaves en zonas próximas a Zonas de Especial Interés para las Aves (ZEPA)", especialmente en su área de influencia.
Los demás proyectos
El segundo de los helipuertos que también ha solicitado licencia está situado en la finca conocida con sa Muntanya, también en el término municipal de Andratx. Su promotor , al igual que el anterior, es otro empresario británico, Russell Moles, con una finca en plena cordillera de Andratx. El proyecto inició su tramitación a mediado de 2020 y ahora está en fase de evaluación ambiental. Contempla unos 40 vuelos anuales y asegura que no sobrepasarán los 15 mensuales desde la finca.
Se pretende construir una explanada de unos 577 metros cuadrados para las operaciones de aterrizaje y despegue de helicópteros ligeros y medianos. La finca, de 8,2 hectáreas, está situada en las inmediaciones del núcleo urbano del Port d’Andratx. El estudio ambiental presentado apunta que se trata de una instalación de uso restringido pero, al igual que el anterior proyecto, también pone a disposición de las aeronaves de emergencias y sanitarias la instalación.
El Govern apunta en su informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente que la zona de influencia de un radio de cinco kilómetros sí afecta a zonas protegidas de la Red Natural 2.000. Es el caso de Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y ZEPA.
Un proyecto de helipuerto que ya ha fue autorizado está ubicado junto a la finca de Es Canons de Artà. Su tramitación es más antigua. En este caso, el proceso administrativo fue mucho más rápido, ya que se utilizó una antigua plataforma de hormigón construida por los servicios forestales del Govern para poder aterrizar con los helicópteros contra incendios. El propietario de la finca, Cala Veya, al dejar de usarse por los servicios públicos, decidió rehabilitarlo para su uso particular. Cuenta solo con una extensión de 177 metros cuadrados. En la zona de Artà también existe otro propietario interesado en un helipuerto, ubicado en la zona de Batlem, que ya ha presentado documentación en AESA.
"El Consell tendrá la última palabra urbanística"
El presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, explicó a este periódico que "además de la evaluación ambiental, que en este caso la evalúa el Ministerio, entendemos que el Consell de Mallorca tiene la última palabra desde el punto de vista urbanístico y su encaje en el Plan Territorial (PTM) de estas instalaciones". Alorda indicó que la única vía posible para autorizarlas sería la concesión del interés general.
La figura del interés general fue muy utilizada hace años para impulsar proyectos de construcción en suelo rústico. Se llegó a hacer un abuso de ella permitiendo edificaciones que poco o nada tenían que ver con el interés general de la población. El Plan Territorial cambió los parámetros y convirtió esta concesión en mucho más restrictiva.
La Comisión Balear de Medio Ambiente, en su informe, ya advierte de que los proyectos deben pasar por la autoridad urbanística, en este caso el Consell de Mallorca: "Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, debería comprobarse previamente la viabilidad de la actividad presentada, en relación con los usos condicionados, así como las prescripciones para la declaración de interés general, de acuerdo con el PTM y la Ley del Suelo Rústico de las Illes Balears".
